Nunca he entendido que los gobiernos se reserven la facultad de indultar presos. Si están condenados, están condenados. Y eso es algo que solo debería poder revocarse si así lo dictaminara alguna de las distintas instancias judiciales. Si se indultan porque se detecta que ha habido negligencia en los juicios a los que han sido sometidos, al mismo tiempo tendrían que ser sancionados los jueces que han emitido los veredictos. Pero esa supuesta negligencia detectada no debería hacerse desde un poder ajeno al judicial, ya que eso pondría en entredicho la labor de la judicatura en su conjunto. Los gobiernos no deberían tener una llave que suelen usar no por sentido de la justicia sino, según todos los indicios, para pagar favores, para acallar protestas de instituciones fuertes, para contentar a allegados, para que no salgan a la luz trapos sucios propios o por meras cuestiones ideológicas. Los gobiernos no deberían dar tanto la sensación de que están por encima de las leyes aunque lo estén de facto, ni usar con tanta desfachatez un recurso al que quizás tengan derecho en sentido legal pero al que no tienen derecho en sentido moral. Es cierto que los jueces se equivocan muchas veces y también es cierto que sus equivocaciones no siempre son inocentes, pero eso debería invitar a los políticos a mejorar las leyes y los mecanismos de control internos relativos a quienes las aplican.
A los doscientos jueces que han denunciado como antidemocrático el segundo indulto a cuatro mossos, que habían sido condenados a penas de cárcel y de inhabilitación por haber torturado a un rumano, en un duro y bien argumentado manifiesto titulado «Contra el indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la dignidad» les sobran las razones para estar enfadados. Si yo fuera juez también lo estaría, y siendo ciudadano todavía más porque por enésima vez uno comprueba que los que tienen contactos o dinero o secretos valiosos o influencia tienen muchas más posibilidades de irse de rositas que los que no poseen nada de eso. Cada vez se impone más el modelo de dos sociedades dentro de la sociedad, la de los ricos (en euros, en poder) y la de los pobres, ahora también en lo que a la justicia se refiere. Eso es a lo que en el fondo apuntan estas medidas de gracia, que con este gobierno del PP están batiendo todos los récords, y las de las tasas judiciales que acaba de imponer el ministro Gallardón.
Entre los últimos indultos, además de este a unos mossos salvajes que ponen en peligro las calles en vez de proteger a los ciudadanos de esos peligros, el de unos militares que falsearon la identidad de los fallecidos en el Yak 42, el de unas personas con cargos políticos que vendían permisos falsos a inmigrantes y el de un cabecilla de una red que se dedicaba a defraudar el IVA. Ya ven: policías, militares, políticos y empresarios, es decir, personas con poder, personas con la que los poderes, cualquiera de ellos, se identifica de manera espontánea, natural. Se indultan a sí mismos en potencia cuando indultan a otros en acto, eso es lo que hacen los ministros y jefes de gobierno en connivencia con el resto de los poderes. Crean el antecedente y la inercia para que, cuando pasen sus años de estar en la cumbre, los que les sucedan sean igual de benevolentes con ellos si les pillan cometiendo pecadillos de la misma naturaleza.
