Demonizar al funcionario ahora está de moda:, médicos, maestros, enfermeros, profesores, catedráticos, y en general todos aquellos que trabajan, en la gestión pública y han superado una oposición; pero la única verdad es que todos somos víctimas de una estrategia que no es inocente, sino populista y cruel para desmantelar los servicios públicos y privatizarlos, con sustanciosa ganancia para la oligarquía dominante. En su día ya se encargó el ministro Montoro de afirmar que «La oposición es un método de selección para que estén al servicio público los mejores, no para tener un puesto seguro frente al resto»; sin duda alguna, con estas palabras pretendía amedrantar a los funcionarios, y de paso ganarse al resto de la población diciendo que estos sueldos están pagados con sus impuestos.

Sepan Vds. que se trata de un entramado perverso para responsabilizar a los funcionarios de que la cosa vaya tan mal; menos mal que todo llega y los ciudadanos pueden ver como los Bárcenas, Urdangarines, los ERES de nuestra Andalucía y todo lo que quede por salir, son los verdaderos culpables de provocar una situación caótica, de desesperanza y desaliento en la ciudadanía española.

Los servicios públicos son básicos y fundamentales en cualquier Estado de Derecho que se precie; y aunque parezca mentira, España es uno de los países de la OCDE con menos empleados públicos respecto del total de fuerza laboral. Un 13% en 2005, y a años luz de los niveles que existen en Noruega, Suecia, Francia o Finlandia, en todos los casos por encima del 20%.

Sin embargo, debemos establecer una diferencia: mientras que en todos los países de la OCDE el empleo público se redujo desde 1995, en España, durante la anterior legislatura de Zapatero creció de forma notable; sin ir más lejos, aquí , en Andalucía, esta expansión tiene mucho que ver con la creación de las administraciones paralelas creadas ad hoc para personas que accedieron a sus puestos sin pasar por el proceso selectivo del modelo vigente; el cual exige igualdad, mérito y capacidad como forma de acceso a la función pública. Pero la fuerte presión ejercida por los dos sindicatos denominados «de clase» CCOO y UGT, imposibilita funcionalmente al Gobierno andaluz a desprenderse de todo ese conglomerado. El precio, lógicamente, en el caso de eliminar esa administración paralela sería el fin de la paz social, ya que no se puede obviar que estos dos sindicatos cuentan una privilegiada situación jurídico-sindical y un potencial asombroso de masa social en las movilizaciones y manifestaciones para reivindicar los derechos perdidos.

Los sindicatos son pieza fundamental del organigrama institucional del Estado de Derecho. Y en nuestro país este modelo sindical ha dado lugar a la perversión del sistema socio-económico; y la sospecha de corrupción en su gestión subyace y prevalece en la opinión pública. El modelo sindical que hoy triunfa en los países de nuestro entorno es el modelo que presenta una acción sindical aséptica desde el punto de vista ideológico; los sindicatos alemanes o belgas actualmente se centran en cuestiones prácticas de índole netamente laboral: incrementos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo; Su financiación se produce exclusivamente mediante recursos propios, fundamentalmente a través de las cuotas de sus afiliados. Nuestro país necesita adaptar su modelo sindical a la independencia política e ideológica; modelo que por otra parte, en nuestro país está representado por otras organizaciones sindicales independientes, cuya acción sindical se basa en conseguir incrementos salariales y beneficios sociales en general.

Permitir que la incompetencia y la corrupción de un modelo anquilosado destruya nuestros logros sociales y económicos acabará con el bienestar social. Por otra parte, las evaluaciones continuas que anuncia el Gobierno hacia los empleados públicos, hemos de hacerla los ciudadanos hacia la clase política, cada vez más dispuesta a evaluar mediante los recortes de nuestros derechos.