Este fin de semana ha recalado en Málaga el barco «Arctic Sunrise», de los guerreros del arcoíris, los activistas de Greenpeace. En el imaginario colectivo de toda una generación de españoles permanece el recuerdo de aquellos valientes defensores de la naturaleza, entorpeciendo desde sus frágiles zodiacs los vertidos de bidones con residuos radiactivos a demasiada poca distancia de las costas gallegas, es decir, españolas. No sabemos qué hacía Rajoy en aquellos días en los que tenían que ser los ecologistas europeos los que reclamaran el fin de aquella barbaridad. Posiblemente preparar sus oposiciones, con toda seguridad él tampoco se metía en política. Los consejos de los mayores hay que seguirlos a rajatabla, y eso haría el joven y prometedor Mariano.
Ahora que Mariano Rajoy es mayor -y a pesar de su bonita experiencia con los «hilillos de plastilina»- sigue en sus trece y pretende permitir que una multinacional española realice unas prospecciones frente a la Costa del Sol para ver si encuentra hidrocarburos. O sea, gas y petróleo. Sospechosamente, acabamos de saber que se han suspendido los permisos para hacerlo frente a Torrox y Nerja, pero no frente a Mijas, en plena milla de oro del turismo internacional. Es muy curioso que se le haya denegado el permiso a una empresa canadiense (CNWL OIL, la concesionaria de los permisos frente a la Axarquía) y no a la española Repsol, que sigue empeñada en operar en Canarias y en Málaga. Y lo es porque a esta empresa canadiense se le acaba de dar la espalda en su pretensión de explorar el fondo marino de las Baleares, tras la presión de Bauzá, lo que permite inferir que el Gobierno se ha visto obligado a hacer lo mismo con sus permisos malagueños.
Así que en primer lugar tenemos que concluir que ha sido el PP de Baleares el que ha salvado de los riesgos a Torrox y Nerja, ante la pasividad cómplice del PP andaluz y malagueño, ante el silencio ensordecedor de los alcaldes y aspirantes del Partido Popular en Málaga. Su aparente patriotismo termina cuando llegan las órdenes jerárquicas, como si esto fuese una colonia, una franquicia o una concesión. El que manda, manda, y todos los demás callan y obedecen. Un modelo impecable en el que nadie se mancha las manos, tampoco en el Senado, donde Francisco de la Torre se puso del lado del petróleo inmaculado.
A estas alturas uno nada tiene contra Repsol, multinacional española donde las haya. Estamos hablando de política. No queremos vulnerar las leyes, lo que queremos es que se cumplan. En Málaga estamos hablando de riesgos evidentes y de un posible impacto ambiental que se llevaría por delante al turismo en la Costa del Sol. Miles y miles de empleos. Y es que los formados e informados activistas de Greenpeace han editado un folleto en el que se puede leer que «Repsol es una empresa contaminante, con más de 6.900 derrames al medio natural en un período de sólo cuatro años en todo el mundo, según datos de la propia compañía». Estremecedor, y muy esclarecedor.
Hay mucha gente en Málaga que lleva años peleando contra este desvarío. Gente como Librada Moreno, que el domingo explicaba a eldiario.es sus diez años de activismo. Es objetivamente necesario denunciar un proyecto a todas luces incompatible con la Costa del Sol, con Málaga y con Andalucía. Buscar oro negro frente a Calaburras es tan vergonzoso e indefendible como la existencia de esas «tarjetas black» que todo lo compraban: vino, cenas, mariscadas, voluntades, sindicatos, partidos. Ya hay demasiada negrura en la política española como para seguir buscando algo todavía más negro. Por mucho que sea oro, negro es.
