Cartas al director

25.08.2015 | 05:00

Andalucía y la dependencia, por Plácido Cabrera Ibáñez

La Constitución Española de 1978 atribuye al Tribunal de Cuentas la fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. En uno de sus recientes informes relativo a la Ley de Dependencia al 31-12-2013, pone de manifiesto que en Andalucía se tarda diez meses para abonar las ayudas, cuando lo marcado por la Ley es un plazo inferior a seis meses. Este retraso ha supuesto que casi ocho mil andaluces hayan fallecido mientras esperaban la prestación. El gasto por beneficiario andaluz de 6.720 euros es inferior a la media nacional de 9.209 euros, y menos de la mitad del que reciben los madrileños que alcanzan los 14.315 euros. También el gasto que aporta la Junta de Andalucía del 35%, es muy inferior al que dedican otras comunidades autónomas, Extremadura el 63%, y Madrid el 73%. En este asunto, también se observa la desigualdad existente entre los ciudadanos de las comunidades autónoma. Resulta lamentable que esto ocurra en la atención de las personas dependientes y que continúen los altos sueldos en los distintos entes públicos andaluces.

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