Un médico. Necesito un médico!, se escucha entre las paredes de los hospitales, de los centros de salud, de los centros especializados... El grito de auxilio se repite desde que empezó la crisis alertando de las heridas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que el Gobierno andaluz ha ido cicatrizando sin anestesia previa y señalando que una elevada parte de la enfermedad que sufre se debe a las recetas de recortes que prescribió el doctor Mariano Rajoy nada más empezar la legislatura. Las dolencias de la sanidad pública andaluza son graves, con diagnóstico preocupante si no se interviene a tiempo. Sufre una importante reducción del número de camas funcionales; un aumento colosal de las listas de espera; reducción de inversiones; falta de nuevos centros hospitalarios; destrucción de empleo público, no se cubren sustituciones de bajas y hay una alta tasa de eventuales e interinos; profesionales sanitarios asfixiados por el ritmo que obliga la maldita «demora cero»... y una Atención Primaria que agoniza a la espera de una nueva transfusión de sangre que la encamine hacia su segunda reforma.
La sanidad pública en Málaga necesita con urgencia un médico que le tome el pulso ante los problemas de la Consejería de Salud para gestionar uno de los emblemas de Andalucía. Cierto es que muchos de sus males se deben a patologías externas como la imposición por parte del Gobierno central de referenciar el objetivo de déficit autonómicos exclusivamente en función del PIB, que perjudica financieramente a comunidades como Andalucía. O que la imposición de una tasa reposición de los profesionales sanitarios del 10% hace inviable hacer frente a las jubilaciones. O que para paliar la implantación de la jornada de 37,5 horas, el SAS tiró de las contrataciones al 75% de la jornada y sueldo para evitar miles de despidos... Pero para eso está la autonomía de un gobierno y por más que se venda que Salud ocupa el 37% del gasto de todas las consejerías, a tenor del cuadro clínico que presenta el enfermo parece insuficiente o está mal gestionado desde arriba.
Cuando todos los colectivos profesionales, médicos a título individual, sindicatos y colegios profesionales coinciden en un mismo diagnóstico, el Gobierno andaluz no debe enarbolar sólo la bandera de su apuesta decisiva por blindar la sanidad pública, que también. La duda, lo que se debate, es el grosor de la chapa del blindaje y el material con el que se quiere proteger de los recortes al Servicio Andaluz de Salud. Las conclusiones del IV Foro de la Profesión Médica, impulsado por el Colegio de Médicos de Málaga, son casi una radiografía perfecta de la situación. Su presidente, Juan José Sánchez Luque, incidía en que la sanidad malagueña necesita un balón de oxígeno en forma de recursos presupuestarios y solicitaba un plan específico que combata las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas de los centros sanitarios públicos de la provincia de Málaga, las más altas de Andalucía, que se agudizaron tras un verano de infarto.
El foro aprobó quince medidas para potenciar la sanidad de Málaga como la apertura del hospital del Guadalhorce (incompresiblemente finalizado y sin abrir); la finalización y fecha de apertura del nuevo hospital de Ronda; recuperar el cronograma para crear el tercer hospital para Málaga capital; la eliminación definitiva de las contrataciones al 75%, estableciendo contratos que fomenten la estabilidad laboral; la transformación del complemento de dedicación exclusiva para no crear agravios comparativos con profesionales de otras comunidades autónomas o la puesta en marcha de la segunda reforma de la Atención Primaria.
Medidas paliativas que no son nuevas y que acentuó un informe de Comisiones Obreras esta misma semana alertando que han saltado ya todas las costuras de la sanidad malagueña. El documento describía con habilidad como la población de Málaga había crecido en casi medio millón de personas pero que el sistema sanitario de la provincia seguía casi con los mismos recursos hospitalarios que hace veintitrés años y con la pérdida, encima, de 370 camas, como si el SAS en vez de abrir hospitales cerrara uno del tamaño del hospital Clínico.
Pero todas estas patologías no deben empañar el potencial de la sanidad pública en Andalucía. Y si hace unos años la agencia Bloomberg colocaba a España en el quinto lugar mundial de los sistemas sanitarios más eficientes del mundo, el primero de Europa, comparando gasto sanitario total y público con esperanza de vida y esperanza de vida libre de incapacidad, hay que recordar que Andalucía está en la vanguardia de los sistemas sanitarios españoles.
Ahora bien, la Consejería de Salud y el nuevo consejero, Aquilino Alonso, deben meter con urgencia el bisturí para coser las costuras de las que alertan todos los colegios profesionales, personal sanitario y sindicatos. Por lo pronto, el sector profesional y el entorno sanitario han recibido con dudas el nuevo proyecto de Ley para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, presentado por el consejero. La letra, como siempre, es redonda: reforzar el derecho a la sanidad universal y gratuita para evitar futuribles copagos o privatizaciones. Sin duda es un objetivo deseable para una inmensa mayoría de la sociedad, pero a día de hoy su desarrollo, los recursos y presupuestos que debería llevar no están del todo claros.
Urge un médico que acuda a la llamada de SOS del SAS para que el sistema sanitario andaluz recupere los pasos perdidos y los estándares de calidad que sus magníficos profesionales había conseguido durante años.
