Realmente los resultados electorales han sido endemoniados, aunque al mismo tiempo son una magnífica oportunidad como veremos. De todas maneras, resulta enormemente «frustrante» la miope lectura de algunos que ponen por delante sus intereses particulares o partidistas a los generales de España.
Pero analicemos con seriedad los resultados. Una cosa está clara: los españoles han votado un cambio en el «viejo modelo político» como medio para acabar con la corrupción. Se quiere cambiar el bipartidismo (que era imperfecto pues se apoyaba en nacionalismos definitivamente independentistas) por un nuevo sistema de equilibrios en el que los pactos entre varios sean imprescindibles para gobernar, sin necesidad de tales apoyos. De ahí la «nueva política» que nace alrededor de Ciudadanos y de Podemos.
Y en ese proceso de transformación parece inevitable introducir modificaciones de calado en la Constitución. Aunque no se trata de «cambiar» por cambiar, sino de «actualizarla»para hacerla más operativa y ajustada a las necesidades de hoy. Porque los votos que podríamos calificar de bloque «constitucionalista» (PP, PSOE y C´s) han supuesto las dos terceras partes de los votos emitidos a partidos (en escaños el 72 por ciento). Esto es una base importante para que puedan abordarse tales modificaciones evitando, al mismo tiempo, eventuales disparates que algunos pretendan.
Hay otro bloque que pretende cambiar la Constitución pero saltándose a la torera la propia norma. ¿Habría que recordar a tanto «izquierdista» ingenuo o «revolucionario travestido» que el tránsito entre la dictadura franquista y la democracia se hizo respetando la ley imperante entonces, es decir con el suicidio político de las Cortes franquistas? Y no resulta ocioso hacer este recordatorio cuando el líder podemita -¡profesor de la facultad de Ciencias Políticas!- dijo que el 28 de febrero de 1980 Andalucía votó un referéndum de independencia. ¡Cuánta ignorancia no habrá entre sus bases y votantes! Uno creía que la manipulación histórica era materia exclusiva de los independentistas catalanes, pero ahora comprobamos que la ignorancia histórica puede ser tan grave o más que la manipulación. ¡Ay, el problema de la educación!
Por consiguiente, en honor de quienes dejaron su vida por traer la democracia a España o a defenderla sucumbiendo bajo el terrorismo etarra, hay que respetar la Constitución en toda su extensión. Propugnar un referéndum de autodeterminación catalana es, cuanto menos, una traición a la memoria de unos y de otros.
Otro gravísimo error es el del líder del PSOE cuando afirma que ha ganado la izquierda frente a la derecha, tratando de legitimar una eventual operación para encabezar una candidatura «de izquierdas» a la presidencia del gobierno.
Desde luego no se puede considerar como izquierda a aquellas agrupaciones de siglas que ponen como frontispicio de su acción política eventuales derechos secesionistas. ¿Habría que recordar a tanto ignorante que el auténtico izquierdismo es internacionalista? ¿Cómo casa la izquierda con el aldeanismo decimonónico? ¿No le están haciendo el juego a las rancias derechas nacionalistas para que éstas puedan «cosechar luego las nueces»?
Pero incluso si excluyéramos a Podemos (España) de este grupo y sumáramos sus poco más de tres millones de votos (los podemitas secesionistas suman dos millones de votos), a los cinco y medio del PSOE su peso electoral sería claramente inferior a la suma del PP (7,2 millones) y Ciudadanos (3,5 millones); por tanto ha ganado la derecha. Cualquier acuerdo en el que el PSOE participe y que admita, siquiera ligeramente, el referéndum catalán supondría su hundimiento.
En la pasada campaña electoral ha faltado explicación y contraste serio de propuestas electorales. Se han hurtado auténticos debates al respecto y se han sustituido por eslóganes ambiguos que analizados en profundidad no dicen nada. Lo único relevante, al parecer, era quién ganaba como si de una contienda deportiva se tratase, y ha ganado la banalización y el espectáculo zafio de la política. Es ahora cuando los ciudadanos empiezan a darse cuenta de qué pretenden hacer los partidos con sus votos y seguro estoy que muchos lo cambiarían en este momento. En cualquier caso es necesaria una amplia pedagogía para que los ciudadanos comprendan que al no haber ganado nadie con claridad, el gobierno tendrá que hacerse con la colaboración de quienes estén de acuerdo en un mínimo programa lo más amplio posible. En este sentido creo que lo que puede aglutinar voluntades ahora mismo es el tema constitucional.
Ciertamente los problemas sociales son muy graves; hay que enfrentarse a ellos, pero conviene no olvidar que los límites de la acción política en este ámbito no se fijan en Madrid sino en Bruselas o, quizá peor, en Berlín. La política económica hay que cambiarla desde dentro de la Unión Europea, negociando con otros países y buscando acuerdos que reorienten la política económica y monetaria actual, por lo que cualquier intento de aplicar una política autónoma de Bruselas, que en el fondo cuestione los compromisos españoles de lucha contra el déficit y reducción de la deuda, es abrir una época de incertidumbre y su corolario de frenazo y retroceso económico. Por tanto nuestra política económica está muy hipotecada y quien diga lo contrario miente. Como tampoco se puede olvidar que los países occidentales que más han progresado lo han hecho sobre la base del «gradualismo»; cambios lentos, pactados y consensuados al máximo para impedir marchas atrás.
Decía al principio que los resultados electorales eran también una oportunidad. Y lo son porque al no haber predominio ideológico claro, brindan la oportunidad de alcanzar amplios consensos y promulgar leyes permanentes. Es decir lo contrario de lo que se ha hecho en España, por ejemplo, con la educación, con tantas leyes como cambios políticos, y así nos va. Es hora de que los ciudadanos comprobemos que realmente los dirigentes políticos buscan el interés general y no el partidista. Es la hora de la grandeza política como lo fue a finales de los setenta del pasado siglo. Y si no se tiene tal grandeza, la aritmética parlamentaria sirve para forzar dimisiones. Pero las maniobras que tengan por norte claves personales o partidistas serán duramente castigadas en el inmediato futuro.
*Rafael Esteve Secall es profesor Titular de Economía Aplicada
