Al azar

La caída de la 'doctrina Borbón'

31.01.2016 | 22:50

Un millar de folios después, Cristina de Borbón sigue en el banquillo. El follaje remarca la costosísima aventura de la igualdad ante la ley. Millones de ciudadanos desfilan por los juzgados, con citaciones de dos líneas de extensión. En la hermana del Rey, hasta responder por un probable delito se presenta como una graciosa concesión a sus súbditos. Su abogado Miquel Roca, abuelo de la Constitución, recurre a la habitual perversión del lenguaje para lamentar la «pena de banquillo». Insistamos pues en que su patrocinada no atropelló accidentalmente a un transeúnte. Se sumó con entusiasmo a una trama más repugnante que criminal, y que le reportó un beneficio de millones de euros. Qué pena de banquillo.

El auto del tribunal sella la caída de la doctrina Borbón, pero va un paso más allá para desacreditar la no menos elitista doctrina Botín. Se necesita personalidad jurídica para reprochar al Supremo que «desnaturaliza la institución del acusador popular». Por fin, el falso caso Urdangarin adquiere su denominación auténtica, el caso Infanta. Con perdón, porque el impacto definitivo de la resolución judicial queda sellado en su primer folio, donde se habla simplemente de «Doña Cristina». Ni más ni menos que «Doña Elisa» y «Doña Ana María», también procesadas. La aristócrata que ha deshonrado a la Familia Real no recibe en una sola ocasión ni la consideración de Infanta ni de Alteza Real. El juez Castro fue mucho más respetuoso con la calidad institucional de la procesada, que ha sido despojada hasta del infantazgo.

Las líneas maestras del auto estaban redactadas con anterioridad a la accidentada sesión del 11 de enero. Sin embargo, el mérito exclusivo de la continuidad de Cristina de Borbón en el banquillo corresponde a las tres magistradas que firman la resolución. De nuevo, el género de las juezas desborda lo simbólico para acceder a lo sustancial. El tribunal demostró una acusada fragilidad en la jornada inaugural, pero se ha reservado la última palabra y la ha expresado sin temblores de pulso. Los abogados excelentemente remunerados, que pretendían convertir el juicio en una exhibición de testosterona ante tres árbitras amedrentadas, tienen motivos para preocuparse. La mayoría de sus clientes preferirán no arriesgarse a mantener la apuesta de su inocencia. Buscarán un pacto, ahora en condiciones más desfavorables.

Al demostrar que el banquillo no tiene cinturón de seguridad, el tribunal ha dado un giro copernicano a su propia valoración y a la dinámica del proceso. Los acusados fueron aleccionados de que Doña Cristina a secas suponía su salvaguarda. Ahora perciben que la última de la fila, pero en la fila, empeora la situación del conjunto. En un ejercicio de orfebrería y notas a pie de página con pocos precedentes en las cuestiones previas, la Audiencia ha neutralizado una de las estampas más obscenas de la primera entrega del proceso. En efecto, nos referimos a la imagen de Roca y el catedrático alemán Silva, abandonando eufóricos la Escuela Balear de Administración Pública. Traicionaban el talante circunspecto de los profesionales de la ley. ¿Piensan continuar su defensa con la tesis de que su clienta es una mujer y esposa ejemplar, en un reproche frontal a magistradas que también tienen hijos y que deben conciliar la vida familiar sin guardaespaldas ni personal de servicio pagado con fondos públicos?

En Mallorca, todas las corrupciones sucedieron antes. Dado que una magistrada pertenece a la estirpe del Calvià de Doña Margarita Nájera, conviene remitirse a los primeros noventa. El catedrático Luis Rodríguez Ramos, tan afamado como los Roca/Silva, se personó ante la Audiencia presidida por Guillem Vidal. El penalista exigió que se anularan las grabaciones del caso Calvià por la doctrina Naseiro y se echó a dormir. Nunca olvidaré su violento despertar, cuando el tribunal deliberó y acordó que las cintas eran válidas. La Audiencia preservó ayer la tradición del mejor de sus jueces, que no admitió juegos corruptos ni cuando los ejecutaba su colega Pasqual Estevill.

La exInfanta está procesada como cooperadora en un delito fiscal porque Diego Gómez-Reino propuso esta vía. Sin embargo, el actual presidente de la Audiencia no se atrevió a autorizar la exploración del tráfico de influencias, en una hija y hermana de Reyes que figuró en el folleto promocional del Instituto Nóos. El tribunal no ha tenido miedo escénico. Las últimas palabras de agradecimiento deben dirigirse a la desastrosa defensa de la abogada del Estado. Al insistir en que Hacienda no somos todos, todos entendimos su patraña, que las tres magistradas revisten de la «solidaridad tributaria inexcusable» en cita del
Supremo.

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