El Fiscal general imputa a Yoko Ono

05.11.2017 | 05:00

La jueza Lamela habla de investigación «incipiente» y ya ha enviado a once personas a la cárcel. Con la instrucción avanzada, la cifra puede medirse en centenares. En un auto de encarcelamiento masivo en que fue incapaz de discernir un solo matiz diferencial entre los presos, la magistrada se limitó a transcribir íntegramente párrafos enteros de la querella del fiscal general reprobado.

Los fragmentos transcritos del texto de Maza son fáciles de distinguir, al tratarse de los únicos escritos en un castellano inteligible, y al no haber corregido erratas como el castellano «atadura» por el catalán aturada, lo cual obliga a maravillarse sobre qué han entendido fiscal y magistrada en un comentario que aportan como prueba delictiva. En ningún caso aparecen entrecomillados los extractos, una práctica inapropiada en foros profanos, pero que en la Audiencia Nacional se denomina sólida estructura jurídica. De hecho, es posible que se pretendiera dejar en ridículo a los prestigiosos analistas que inciden en que «la jueza dice en su auto», sin advertir que están ante una copia.

Buceando en la monumental querella que aplica unos 155 artículos del Código Penal a la Generalitat en pleno, se localiza a delincuentes que todavía no han podido ser encarcelados. En concreto, el fiscal se detiene en el papel presuntamente delictivo de «la adhesión de personajes más o menos conocidos del panorama internacional, que van desde Julian Assange hasta Yoko Ono». Y destaca que este apoyo «no ha sido tampoco espontáneo». La japonesa y el australiano han participado en la rebelión catalana «mediante declaraciones públicas, principalmente a través de sus redes sociales, que tienen gran repercusión dado el elevado volumen de seguidores o followers». Sí, Maza sabe escribir followers, aunque en otro folio habla de twits. Quizás quiso decir twist. Empieza el baile, más dura será la caída.

La implicación de Ono y Assange, que el fiscal general reprobado considera asaz trascendente para incluirla en una querella, demuestra que Maza ha resuelto una conspiración superior incluso a la trama del 11M, aunque la fiscalía no haya localizado todavía el ácido bórico. De hecho, el ministerio público culpa a los sediciosos de Puigdemont en un abigarrado folio de haber «subido la prima de riesgo», de haber «reducido drásticamente el PIB español», y de obligar a «rebajar la previsión de crecimiento». Estos horrendos crímenes se traducen en «una reducción de la competitividad española en los mercados internacionales». La cárcel parece un castigo insuficiente para quienes han atentado contra «la percepción del mercado exterior sobre las condiciones económicas que ofrece España, máxime en un panorama de gran volatilidad del mercado».

La fiscalía desvela con todo lujo de detalles que los autores de la rebelión han cometido el crimen de «la potencial pérdida de la Agencia Europea del Medicamento, respecto de la que la UE ya había anunciado que la ciudad mejor situada para acogerla era Barcelona». Según se advierte en la redacción, este acto delictivo todavía no se ha consumado, aunque explicaría por sí solo la cárcel de Junqueras y compañía. La narración de monstruosidades de tamaño calibre debería ir acompañada de una advertencia o trigger warning, para no herir sensibilidades.

Los canallas de la Generalitat también delinquen por una «presión a la prensa extranjera que ha continuado y se ha intensificado. La colocación de un relato único ha cristalizado en informaciones en medios de comunicación de distintos países que incorporan sistemáticamente la perspectiva de la Generalitat». Es decir, la línea editorial del New York Times viene marcada por Puigdemont, una maquinación que agrava elcomportamiento indeseable del president.

La extraordinaria labor de investigación llevada a cabo por el fiscal general reprobado incluye el visionado de la entrevista de Jordi Évole a Puigdemont, sin duda un sacrificio que desaconsejaría un neurólogo. Del programa se extrae una frase que por sí sola destruye la presunción de inocencia. «Si reciben el mandato del juez de retirar las urnas deberán cumplir, pero con millones de personas intentando votar sería ir contra toda lógica policial. Hay momentos en los que hay que mirar la seguridad ciudadana». Una rebelión, sin duda, contra las leyes de la elocuencia. Más grave resulta la frase utilizada para incriminar a Junquera. «Nosotros somos gente honrada. Quien les ordena (a los policías) las detenciones y los registros no pueden decir lo mismo». Cadena perpetua, por lo menos.

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