La ley orgánica de 30 de marzo de 2015 que reformó el código penal del reino de España incluyó en su articulado el delito de odio por razones que tienen que ver con la etnia, en sus distintas consideraciones, como el color de la piel o el origen nacional, el idioma, la religión, las minusvalías físicas o mentales, el sexo y la edad. No sé si en los dos años largos transcurridos desde su aprobación los fiscales han señalado con el dedo a muchos presuntos delincuentes por razones de odio pero, desde que el proceso soberanista catalán se salió de madre, abundan las acusaciones en tal sentido. Ni que decir tiene que basta con repasar las declaraciones, los comentarios e incluso los discursos políticos que se han sucedido en el último año para que aparezcan indicios más que sobrados de esa fobia convertida en trasgresión recogida en el código penal. Pero quizá se pueda argumentar que la aversión en sí misma no es perseguible. Uno puede odiar lo que quiera; mientras no añada un acto que constituya en sí mismo una infracción no se suman dos y dos hasta alcanzar el cuatro del delito de odio. Hace falta, por así decirlo, que se haya cometido un delito para que, si se añade la motivación de la fobia, se convierta en delito por razón de odio. De ahí que patinen quienes sostienen que los Jordis y sus compañeros de celda sufren prisión preventiva por motivos ideológicos. No es así. De no existir indicios de un delito básico, si cabe llamarlo de esa manera, sería imposible aplicarles ni a ellos ni a quienes han perseguido a los hijos de los guardias civiles la sospecha del artículo 510 del código penal. Y esa consideración es en especial importante porque cada vez resulta más obvio que las fobias comienzan a ser de ida y vuelta. Abundan también los comentarios, las columnas y las intervenciones en las tertulias en las que se manifiesta una aversión indudable contra los soberanistas. Por la misma razón de antes, no se trata (todavía) de un delito de odio porque las dos libertades básicas de toda democracia, la ideológica y la de expresión, amparan incluso conductas que a algunos nos pueden parecer moralmente condenables y socialmente peligrosas. Mientras permanezcan en ese limbo legal, nada cabe hacer. Pero ya ha habido añadidos de delito básico en algunas algaradas que los grupos de extrema derecha han llevado a cabo contra los soberanistas. Es un alivio que la policía y los fiscales hayan actuado contra esos delincuentes por razón de odio como procedía hacer. Pero aún sería mejor que entendiésemos que el origen del problema está en la fobia feroz incluso antes de que le añada el delito formal. Con Cataluña dividida en términos ideológicos en dos mitades casi exactas, estamos frente a un polvorín que pronto o tarde cruzará la frontera delictiva. No estaría mal que, para evitarlo, se revisase y enmendase lo más básico. Comenzando por los libros de texto que añaden gasolina al fuego.