14 de mayo de 2014
14.05.2014
Tribunales

El PSOE alude al caso 'Mallén' para pedir el cese de Abdeslam Lucena

El ex primer edil del pueblo zaragozano utilizó los mismo argumentos que el alcalde de Benamocarra para eludir la inhabilitación

14.05.2014 | 17:27

El PSOE de Benamocarra ha pedido hoy a la secretaria del Ayuntamiento que aplique la jurisprudencia del caso "Mallén" y obligue a abandonar su cargo al alcalde, Abdeslam Lucena (PP), condenado a seis meses de prisión y a un año de suspensión de empleo para cargo público.

En un comunicado, los socialistas han explicado que han remitido sendas cartas a la secretaria y al propio regidor, en las que exponen que el exalcalde de Mallén (Zaragoza), Antonio Asín (PSOE), condenado en sentencia no firme por prevaricación, utilizó el mismo argumento que Lucena para evitar su inhabilitación.

Dicho argumento consistía en aducir que el delito por el que se dictó la condena era anterior a 2011, fecha en la que se introdujo en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) la causa de inelegibilidad e incompatibilidad, y en consecuencia no resultaba de aplicación.

El PSOE ha recordado que la LOREG establece que se incurre en incompatibilidad e inelegibilidad por haber sido condenado por delitos tipificados contra la administración pública con una pena de suspensión de cargo y empleo, como ha sido el caso del alcalde de Benamocarra.

En el caso del recurso del exregidor de Mallén, que también era diputado provincial, al igual que Lucena, el juez advirtió de que existían "causas de incompatibilidad objetivas".

Los socialistas han asegurado que el caso de Benamocarra "es idéntico al de Mallén", ya que Lucena cumple lo previsto en la LOREG en cuanto a inelegibilidad e incompatibilidad.

"Existe sentencia, aunque no sea firme, por un delito contra la administración -malversación- y ha sido condenado a una pena de suspensión de empleo u cargo por un año", han señalado.

Lucena ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga a seis meses de prisión y a un año de suspensión de empleo para cargo público por los delitos de malversación, injurias continuadas, calumnias y desobediencia, en relación con la colocación de dos vallas publicitarias frente al instituto de Benamocarra.

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