La Fiscalía de Málaga solicita un total de dos años de prisión para el actual alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, en la causa abierta por el posible vertedero irregular en el río de la Miel. Otras ocho personas más que son investigadas en esta causa son también acusadas de la existencia de estas instalaciones, en una antigua cantera que se localiza en el ámbito protegido del Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. No obstante, para hasta cuatro personas, incluida la regidora de 2015 a 2019, Rosa Arrabal, se pide el sobreseimiento de las diligencias abiertas.
Dicha causa analiza la existencia a lo largo de la primera década y media de este siglo de un vertedero en el que supuestamente se vertía «de manera incontrolada residuos de la construcción, lo que provocaría importantes riesgos. Según el escrito provisional del fiscal, cuyo contenido fue divulgado ayer por Europa Press, a Armijo, que fue regidor de Nerja entre 1995 y 2015, y a una edil del PP durante anteriores mandatos se les acusa de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Asimismo, son acusados un total de siete empresarios, también por este mismo delito, y el escrito se dirige, además, contra seis empresas relacionadas con el sector de la construcción y el transporte de materiales. Junto a los dos años de prisión, la acusación pública ha solicitado para el regidor nerjeño y el resto de procesados 18 meses de «inhabilitación especial» para profesión u oficio y el pago de una multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios, lo que hace un montante económico de 7.200 euros.
Como responsabilidad civil, señala que los acusados, junto al Ayuntamiento como responsable subsidiario, abonen en caso de sentencia condenatoria los gastos de la restauración de la zona.
Según la Fiscalía, a principios del año 2000 «a iniciativa» del propio Armijo, «sin la tramitación de expediente administrativo, licencia ni autorización administrativa o medioambiental alguna», desde el propio Ayuntamiento de Nerja se concierta «de forma verbal» la gestión del desarrollo de la actividad de vertido de los escombros y deshechos en una antigua cantera con determinadas empresas relacionadas con la construcción, que terminaron «asociándose para dicha explotación».
Trámites administrativos
La intención de realizar un vertedero fue trasladada a la Junta de Andalucía, «que contestó diciendo que hacía falta un estudio de impacto ambiental. Pero, haciendo caso omiso a la comunicación, la actividad sigue a la vista de todos» bajo la gestión de las empresas «autorizadas por el Ayuntamiento», señala inicialmente el propio Ministerio Público, «apuntando que era un hecho público y notorio la existencia de vertidos en esa zona protegida».
«El propio Ayuntamiento depositaba en este lugar los restos de obras y de podas vegetales», se argumenta, «indicando que de 2000 a 2010 se suceden los expedientes sancionadores y denuncias sobre la situación de la zona». Ya en el año 2013, aún con Armijo como regidor, se realiza una inspección por agentes de Medio Ambiente «en la que se detectaron residuos como electrodomésticos, neumáticos o restos de construcción».
Por entonces, la Consejería de Medio Ambiente emitió un informe en el que se determina que las características del vertedero «ponen de manifiesto que existe un perjuicio al medio ambiente» por varios motivos, entre ellos que no existe una correcta gestión de los lixiviados, lo que podría ocasionar «una contaminación de un acuífero». Ni tampoco habría control de los gases, lo que podría causar incendios «sin que existieran medidas de extinción».
Para el fiscal, la edil Nieves Atencia, también acusada, «conocía y aceptaba como propias las decisiones del regidor respecto al vertedero, cuyo cierre se anunció en 2016». Sin embargo, pide el sobreseimiento de la causa respecto de la exregidora Rosa Arrabal y uno de sus exediles, y la secretaria general de la Delegación de Medio Ambiente.
