El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, ha dado el visto bueno a la propuesta de la resolución formulada por los técnicos municipales, que establece sancionar con una multa de 15.000 euros a la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales Parque Animal.

El pasado 12 de noviembre, los dos responsables de esta entidad fueron detenidos acusados de maltrato por sacrificar lentamente a 2.230 animales con bajas dosis de medicamento letal. Tras conocerse la noticia, el Consistorio trasladó a los perros y gatos a las instalaciones de una nueva concesionaria en Alhaurín de la Torre.

Ahora, tras recibir el Informe Denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), el Ayuntamiento sostiene que la protectora debe ser multada por ser «responsable titular de la licencia en el momento de cometerse los hechos, por la infracción administrativa tipificada como muy grave», además de «por la omisión de las medidas de higiene y sanitarias exigibles o el mal estado de las instalaciones, que incidan de forma negativa en las condiciones de salubridad del establecimiento público».

Asimismo, procederá a la clausura y precinto de sus instalaciones por un período de seis meses, una vez quede definitivamente resuelto el expediente abierto por la institución municipal sobre la mencionada asociación.

El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, ya ha firmado la propuesta de resolución por lo que ahora se abre un plazo de quince días durante el cual el colectivo afectado puede, si así lo desea, aportar las correspondientes alegaciones.

«Se procede dar audiencia del expediente a los interesados, a fin de que, por los mismos, puedan formularse las alegaciones que se estimen procedentes, dentro del plazo de 15 días», señala la resolución. Una vez cumpla ese periodo, la resolución se convertirá en firme.

«Debido a que se han vulnerado las medidas provisionales acordadas, para impedir el mantenimiento de los efectos de la infracción cometida cabe imponer además de la multa las sanciones accesorias previstas», recoge la resolución, en el sentido de que se considera «procedente acordar la clausura y precinto del establecimiento por seis meses, debido al grave riesgo que puede suponer, para personas, bienes y animales, tanto la reincidencia de vulneración de las medidas provisionales como mantener abiertas las instalaciones».

Hace ahora 15 días que el Ayuntamiento de Torremolinos suspendió temporalmente el contrato a la protectora y abrió un expediente sancionador que remitió a la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía para que actuara en el ámbito de sus competencias y según el contenido del informe-denuncia del Seprona.

Además, el servicio de recogida, transporte y albergue de animales abandonados ha sido adjudicado a la empresa Paraíso Residencial Canina SL, en Alhaurín de la Torre.

Los dos arrestados, responsables de la protectora, quedaron en libertad con cargos con obligación de presentarse en el juzgado cada quince días e imputados de los delitos de maltrato animal, falsedad documental, apropiación indebida e intrusismo profesional.