El próximo martes, 15 de noviembre, comenzará en el Juzgado número 14 de lo Penal de Málaga el juicio oral contra la directora de la protectora Parque Animal de Torremolinos, C. M., acusada por el sacrificio de más de 2.200 animales entre 2009 y 2010, además de falsedad documental, intrusismo profesional y denuncia falsa.
En el banquillo se sentará también un empleado del albergue como cooperador necesario en el caso. El proceso se celebrará hasta el 17 de este mismo mes.
La presidenta de la Asociación de Afectados Parque Animal, Ana Fernández, cuya asociación se personó como acusación particular en la causa, asegura que en el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos tienen archivados los delitos de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales que se le imputaban en un principio a la acusada.
El fiscal solicita ahora cuatro años de cárcel para la directora de la protectora, además de varias multas. «No nos parece suficiente, pero es el tiempo máximo al que se le puede condenar y no podemos hacer nada. Ojalá esto salga adelante», manifestó Fernández.
En el escrito acusatorio del fiscal, se destaca que en la protectora se realizaron sacrificios masivos, sin control veterinario de ninguna clase, administrando la acusada de su propia mano los productos eutanásicos por vía distinta a la intravenosa (como viene prescrito) y sin sedación previa.
Según el fiscal, se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por la acusada ya que «se retorcían de dolor a su vista durante horas». Estas «auténticas sesiones de exterminio», sostiene la Fiscalía, se realizaban sobre animales normalmente sanos, jóvenes en muchas de las ocasiones, algunos de ellos entregados en el centro tan solo días (incluso horas) antes y sin que hubiese causa que justificase su muerte, salvo la falta de espacio y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados. Y para llevar a cabo estas exterminaciones masivas y programadas, se desconectaban las cámaras de seguridad, según el escrito de acusación.
«En ningún caso los animales estaban enfermos ni había un motivo para sacrificarlos», señaló la presidenta de la Asociación de Afectados Parque Animal, que sostiene que a la directora de la protectora le movía el beneficio económico, ya que el Ayuntamiento de la localidad le abonaba una determinada cantidad por incinerar a los animales. Según la responsable de esta organización defensora de los animales, en ocasiones llegaban a sacrificarse hasta 40 mascotas al día.
«Hemos luchado mucho, hemos ido incluso a ver al juez y nos ha costado mucho llegar hasta aquí por falta de colaboración y sensibilidad», incidió Fernández, que lamentó que C. M. siga conservando su puesto en la protectora y no la hayan inhabilitado, a pesar de que ya no se encuentra en contacto con los animales.
El caso se destapó tras la denuncia de un veterinario que había trabajado en la asociación, en la que alertaba sobre el maltrato animal.
