El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, presentó ayer en Torremolinos la nueva guía de la Junta de Andalucía que pretende resolver dudas a los adjudicatarios de chiringuitos en suelo andaluz. Por tal motivo convocó a la Federación Andaluza de Empresarios de Playa (Faeplayas) para entregarles de primera mano «un documento titulado Guía sobre criterios de gestión para las ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre», como manifestó.

El responsable autonómico señaló que con esta guía, «especialmente dirigida a los chiringuitos, aunque no sólo a ellos, se pretende establecer criterios homogéneos de gestión en todas las provincias andaluzas para ofrecer un servicio transparente, eficiente y de calidad a la ciudadanía en general».

Fiscal agregó que el documento servirá de referencia y consulta para «resolver las dudas de interpretación existentes a aquellas actividades relacionadas con el turismo costero de Andalucía, cuyos servicios y dotaciones en las playas forman parte de nuestra cultura y son un elemento muy importante de nuestra economía».

Recalcó además que el Gobierno de la Junta, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se siente firmemente comprometido con las mejoras de un sector tan estratégico para Andalucía como el de los empresarios de playa.

El titular de Medio Ambiente se mostró, además, «convencido de que la guía va a dar soluciones a los problemas que se generan en el ámbito de esta actividad, y ayudará a proyectar y ordenar una zona tan sensible e importante como es el litoral andaluz».

Confía asimismo la Junta en que con esta utilidad, a partir de ahora, se agilicen las tramitaciones relacionadas con concesiones de chiringuitos existentes, de modo que se eleven los porcentajes de regularización de las ocupaciones.

Fiscal recordó que se trata de un texto fruto del trabajo con Faeplayas, «al tratarse de uno de los colectivos más afectados y que más interés ha mostrado para su edición». Y dijo que servirá de referencia en la tramitación de los títulos administrativos de ocupación del dominio público marítimo terrestre».