Los vecinos de Torremolinos pueden solicitar desde hoy las subvenciones destinadas al pago del alquiler de la vivienda habitual y permanente de personas o unidades familiares en situación de vulnerabilidad social o con ingresos económicos limitados.

El Ayuntamiento ha destinado este año 200.000 euros para garantizar la cobertura de las necesidades de los vecinos.

En 2018 se concedieron ayudas a 159 familias y se consumió prácticamente el 100% de los 200.000 euros destinados para este fin. Para optar a las ayudas al alquiler es necesario residir y estar empadronado en Torremolinos desde hace al menos un año y que el gasto destinado al pago de la renta no supere los 600 euros mensuales.

Los interesados tienen dos meses para presentar las solicitudes a través del Registro General del Ayuntamiento. El programa de ayudas se dirige a personas que teniendo residencia legal en España sean titulares de un contrato de arrendamiento de una vivienda en Torremolinos, como residencia habitual y permanente, y que de forma coyuntural carezcan de medios económicos para hacer frente al alquiler.

Además, los miembros de la unidad de convivencia no podrán tener relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora de la vivienda, o ser su socia o partícipe.

Como ingresos máximos para recibir la ayuda, la unidad de convivencia no podrá superar en su conjunto como ingresos brutos anuales 1,3 veces el IPREM (9.785,16 euros anuales) si se trata de una sola persona; 1,6 veces el IPREM (12.045,32 euros anuales) si se trata de dos personas; 1,9 veces ese mismo indicador (14.295,96 euros anuales) para tres personas; y 2,2 veces (16.562 euros anuales) si se trata de una familia de cuatro miembros.

Para unidades de convivencia superiores a cuatro miembros, ese indicador se aumentará 0,2 veces.

La ayuda al alquiler cubrirá el 40% del gasto mensual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente, durante el periodo subvencionable, siendo éste desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del presente año, y por un máximo de tiempo de un año.

Esta cuantía podrá incrementarse hasta alcanzar el 100% del gasto mensual por alquiler, cuando se trate de personas en situación de especial vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de exclusión social y, así sea acreditado por los trabajadores sociales de los Servicios Sociales comunitarios.