Las renovables ganan seis meses para iniciar la construcción de sus parques eólicos y fotovoltaicos

El Consejo de Ministros ha aprobado una extensión de seis meses del plazo para obtener la autorización de inicio de la construcción de nuevas renovables que caducaban este mes, ante el aluvión de nuevos permisos obtenidos a principios de año por las compañías. Esta es una de las medidas en materia energética aprobadas por el Ejecutivo este martes, junto con la prórroga hasta el 31 de diciembre de la exención del 80% de los peajes eléctricos de la factura para las empresas electrointensivas, la congelación del precio máximo de la bombona de butano en 19,55 euros o la actualización de los parámetros retributivos para las instalaciones de cogeneración para el período 2023-2025.

En todo el territorio nacional hay proyectos renovables que suman 43 GW de potencia –el 80% fotovoltaica y el 20% eólica– que deben obtener la autorización de construcción antes del próximo 25 de julio o decaería sus permisos de acceso y conexión a la red, de forma que tendrían que volver a iniciar toda la tramitación administrativa. La mayoría de estos proyectos han obtenido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) antes de enero de este año pero condicionada a modificaciones sustanciales, como soterrar una línea eléctrica o reducir o cambiar la ubicación de las instalaciones, lo que ha derivado en la necesidad de acometer nuevas consultas públicas.

Según explica el Ministerio para la Transición Ecológica en un comunicado la concentración de proyectos en poco tiempo dificulta que las fábricas nacionales y europeas puedan cubrir la demanda de equipos, generando el riesgo de aumentar las importaciones y, por tanto, reducir la autonomía estratégica. Por consiguiente, extiende seis meses el plazo para que esos proyectos obtengan la autorización de construcción. Los proyectos, en todo caso, se culminarán antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación, como hasta ahora, al objeto de cumplir la agenda verde.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aprobó en el primer verano del coronavirus una norma que ponía orden a los proyectos renovables al establecer un calendario con las distintas etapas de su puesta en marcha para evitar la especulación en el sector. Pero la pandemia y la posterior crisis energética ha dilatado los tiempos y provocado que el Gobierno tenga que hacer 'correcciones' sobre esas etapas establecidas. La primera de las modificaciones se produjo hace más de un año, cuando dio nueve meses más de plazo para obtener los permisos medioambientales ante los retrasos de la administración por la avalancha de propuestas. 

Superávit hasta 2023

Otra de las grandes medidas es la extensión de la del 80% de los peajes eléctricos para las empresas electrointensivas, sin ningún impacto presupuestario al incluir en el decreto el traspaso a 2023 el gigantesco superávit del sistema eléctrico de 2022, que asciende a más de 6.000 millones de euros. Los precios del gas se han moderado en los últimos meses, pero aún están por encima de su media histórica, contagiando a los precios de la electricidad lo cual afecta a la actividad de la industria electrointensiva. En el caso de los consumidores domésticos, la rebaja fiscal de la factura de la luz que incluye la exención del impuesto de producción eléctrica, la rebaja del IVA de la factura de luz y gas al 5% y del impuesto especial de la electricidad del 0,5% están aprobados hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que continúan sin cambios.

Vehículo eléctrico

Además de la posibilidad de desgravación del 15% del IRPF en la compra de un vehículo eléctrico hasta un máximo de 20.000 euros, anunciada la noche del lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo también facilitará la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos de gran potencia, al declarar de utilidad pública todas las estaciones de recarga que tengan una potencia superior a 3 MW, eximiendo de la necesidad de obtener autorización administrativa a las instalaciones por debajo de dicha potencia. Esta es una medida de simplificación administrativa que fue solicitada por las comunidades autónomas y el sector en el Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico (GTIRVE).