Ministerio técnico o político: el futuro de la cartera de Vivienda

El anuncio de la creación de un Ministerio de Vivienda, separado de Transportes, fue una declaración de intenciones por parte del Presidente del Gobierno en la nueva legislatura. Al frente del Ministerio, Pedro Sánchez situó a la exportavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que tendrá como segundo espada a David Lucas, desde el cargo de secretario de Estado.

Lucas repite en el puesto al que accedió en sustitución de Isabel Pardo de Vera, tras verse forzada a dimitir por el escándalo de los trenes de Asturias y Cantabria. El secretario de Estado se estrenó en su puesto hace solo unos meses, al igual que Iñaqui Carnicero, que repite como secretario General de Agenda Urbana. A nadie se le escapa que ambos son de la máxima confianza de Pedro Sánchez, según las fuentes consultadas.

Nada más acceder a su puesto, David Lucas recibió el que ha sido uno de los principales encargos de la pasada legislatura: negociar y aprobar la Ley de Vivienda, que acabó viendo la luz en mayo. El secretario de Estado tuvo que negociar con el ala más a la izquierda del Gobierno, representada por Podemos, que exigió retomar la tramitación de la regulación del mercado residencial.

Según fuentes empresariales, la Ley de Vivienda que finalmente acabó aprobándose nunca fue del gusto de David Lucas, que se vio abocado a sacarla adelante para cumplir con una de las principales promesas electorales del Gobierno de coalición. Lucas sirvió de contrapeso con EH Bildu, ERC y Podemos, que exigían un mayor intervencionismo.

En esta misma línea, en su primer discurso, Isabel Rodríguez dio algunas pistas de la línea política del Ministerio de reciente creación, que no se ejercerá un excesivo intervencionismo que pueda poner en duda la propiedad privada. "Quiero tener también un mensaje de tranquilidad y de esperanza, de sensibilidad, con los pequeños propietarios", señaló. Este mensaje fue duramente criticada por los partidos más a la izquierda del PSOE.

Política de vivienda sin grandes competencias

El sector inmobiliario convive, en las últimas semanas, con la incertidumbre de cuál será el papel del recién estrenado Ministerio de Vivienda. Este organismo apenas tiene competencias porque están delegadas en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Tampoco parece estar sobre la mesa un cambio en la regulación del mercado, que apenas acaba de cumplir seis meses en vigor.

El nuevo Ejecutivo sí podría intentar regular los alojamientos turísticos o temporales, cuyo funcionamiento está excluido en la Ley de Vivienda. Aunque la competencia es local y regional, al igual que la vivienda en general, el Ministerio podría lanzarse a la redacción de una nueva normativa estatal que sirva de marco al resto de administraciones.

En lo que tendrá que trabajar el Ministerio será en acabar de perfilar los últimos detalles de esta Ley de Vivienda: tendrá que aprobar el índice al que se referenciarán los alquileres a partir de 2025 y tramitar la petición de zonas tensionadas de aquellas comunidades que lo soliciten. Por ahora, solo Cataluña quiere aplicar este último mecanismo. Aparentemente, no muchas más regiones lo solicitarán: las regiones del PP ya anunciaron que no la aplicarán.

El hecho de que el nuevo Ejecutivo cuente con un organismo especializado en vivienda servirá para confrontar políticamente con las administraciones del PP. Por ejemplo, la política en la que se hará más énfasis en la Comunidad de Madrid, en los próximos cuatro años, será la de vivienda. La propia Isabel Díaz-Ayuso, durante la precampaña de las elecciones regionales, aseguró que "esta será la legislatura de la vivienda".

20% del parque público, la gran promesa

La promesa de campaña en la que sí podrán avanzar desde el nuevo Ministerio de Vivienda es la de lograr que el 20% del parque de viviendas español sea público. Por el momento, el Ejecutivo tiene en marcha un total 183.000 viviendas, aunque menos de 70.000 están movilizadas, entre las que está desarrollando la Sareb, el Fondo Social de Vivienda o las que son financiadas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Sepes, la entidad estatal de suelo, deberá seguir adelante con la tramitación urbanística de los terrenos que el Ministerio de Defensa ha vendido y seguirá vendiendo a la nueva cartera de Vivienda. Una parte de estas parcelas son finalistas y próximamente podrán ponerse en carga, pero la mayoría son suelo en gestión, que deberá ir pasando cada uno de los hitos urbanísticos. La empresa pública tiene entre manos casi la puesta en marcha de 40.000 inmuebles residenciales en los próximos años.

También recaerá sobre la cartera de Isabel Rodríguez el futuro del bono alquiler joven, las ayudas a la compra de viviendas anunciadas en la campaña de las elecciones regionales o los programas de ayudas y subvenciones para mejorar la eficiencia energética del parque de viviendas existente.