El PP refuerza en su programa electoral la lucha contra la "violencia machista" en pleno desgaste por Vox

El PP concurrirá a las elecciones generales del 23 de julio con un paquete de medidas para luchar contra la “violencia machista” mucho más amplio del que proponía en anteriores convocatorias electorales. Y lo hace después de haber cerrado dos gobiernos en coalición con Vox, en la Comunidad Valenciana y en Extremadura, en las que el debate sobre la violencia de género ha estado más presente que nunca. Alberto Núñez Feijóo presenta este martes el programa electoral completo y el epígrafe sobre este asunto comienza así: “Erradicar la violencia machista y cualquier forma de violencia contra la mujer es un objetivo prioritario para nuestra formación. No admitiremos pasos atrás”.

Los populares incluyen en su programa la reforma de la ley orgánica del poder judicial para que los juzgados de violencia sobre la mujer “asuman la competencia de todos los delitos comprendidos en el Convenio de Estambul”, tal y como exige la ley del ‘sólo sí es sí’. Esa norma del actual Ministerio de Igualdad, cuya reforma fue pactada entre PSOE y PP para volver a elevar las penas de los delitos sexuales después del goteo incesante de rebajas en condenas, comprende en su disposición final la obligatoriedad de que en el plazo de un año se lleve a cabo esa modificación concreta en la ley.

Que el PP lo mencione expresamente, asegurando que el Convenio de Estambul (ratificado por España en 2014) “servirá de orientación para todos los avances en la lucha contra la violencia de género”, cobra importancia porque hace escasos días Santiago Abascal reconoció abiertamente en TVE que “no conocía” el contenido de dicho convenio sin poder aclarar si apostaría por que España se retirara del mismo en caso de que su partido entrara en el Gobierno central.

Además, el programa electoral del 23-J también recoge “reforzar las unidades de atención de la familia y de la mujer (UFAM) de la Policía Nacional, y los equipos Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil”. Los populares aseguran que dotarán con personal y recursos suficientes las Oficinas de Atención a las Víctimas en los juzgados, así como las Unidades de Valoración Forense Integral, “para que los informes técnicos precisos no se demoren”. 

En la misma línea, proponen extender la realización del curso de iniciación sobre la violencia de género a todos los “funcionarios públicos que atienden a las mujeres víctimas de esa violencia”; e impulsar, a través de las oficinas de atención a las víctimas, un mayor y eficaz acceso de los distintos ámbitos de ayuda que puedan necesitar durante el procedimiento penal, como servicios de de psicólogos, criminólogos y trabajadores sociales. 

Marca distancias con Vox... y con Casado

En las últimas semanas y a pesar de los cientos de pactos que PP ha firmado con Vox en ayuntamientos de toda España y en varias autonomías para la constitución de las asambleas autonómicas, las dos formaciones han atravesado momentos de mucha tensión a cuenta de las distintas posturas en la violencia de género. Los populares exigieron la salida del candidato valenciano de Vox, Carlos Flores (sobre el que pesa una condena del año 2002 contra su exmujer por violencia machista verbal), al que los ultra decidieron colocar en el Congreso de los Diputados. El objetivo para el PP era que no entrara en el gobierno de Carlos Mazón.

En el acuerdo valenciano no aparecía el término “violencia machista”, sino “intrafamiliar” (la fórmula sobre la que Vox pretende diluir la violencia específica contra la mujer). Pero días más tarde, en el de Baleares e incluso en el de Extremadura, donde finalmente Vox sí entrará con un consejero, ya se habla expresamente de “erradicar los discursos machistas”.

Además de marcar distancia con Vox, el programa electoral de este 23J (el primero bajo la batuta de Feijóo) contiene diferencias con el de Pablo Casado de 2019. El anterior líder del PP sólo contaba con tres puntos en el apartado de violencia de género. Uno de ellos era reformar el Código Penal para “extender los supuestos de prisión permanente revisable a los casos de asesinato en que concurran algunos supuestos de violencia de género acreditada”, algo que ya no aparece. Vox también pide cadena perpetua para más casos. 

Los populares apuestan para estas elecciones por una medida que “perfeccione la tecnología utilizada para el control de las penas, medidas de seguridad y cautelares de alejamiento”, que garantice “una más amplia cobertura y una mayor precisión en la calidad de la posible localización espacial de los usuarios del sistema.

Lo que sí aparece en este programa, igual que en el 2019 y en el de 2016 de Mariano Rajoy, es la ley orgánica integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual. Un asunto que en esta legislatura el PP también ha defendido en el Congreso de los Diputados (también durante el proceso de enmiendas de la ley del sólo sí es sí, y en la propia reforma pactada con el PSOE) y para el que defienden “un estatuto de protección integral que permita su recuperación y retomar el control sobre sus vidas”, “persiguiendo a los proxenetas y el beneficio económico extraído de esta actividad por terceras personas”.

Además, el PP insiste en cumplir el pacto de Estado contra la violencia de género “promovido por nuestro partido” (en 2017, bajo el Ejecutivo de Rajoy) “evaluando cada una de sus medidas y actualizando los contenidos para una mayor efectividad, con el fin de que ninguna mujer que lo necesite quede sin la protección debida”; así como combatir los casos de violencia machista especialmente entre los menores de 18 años, “tipificando la violencia digital”, evitando así amenazas o violencia psicológica en móviles y otros dispositivos digitales. Es otra de las cuestiones que Cuca Gamarra abordó en su negociación con los socialistas.