Manuel Caballero Bonald, juez decano de Málaga, es un firme defensor de la necesidad de modernizar la Administración de Justicia, un servicio público que, en su opinión, está anclado en pleno siglo XIX. Señala que la crisis económica ha venido a redundar en un incremento del trabajo de los magistrados en todas las jurisdicciones y reclama un refuerzo para que el Juzgado de lo Mercantil que dirige Enrique Sanjuán salga de su atasco. En esta entrevista analiza la situación que atraviesa la Justicia en la capital de la Costa del Sol.

-¿Cómo bajan las aguas en la judicatura después de la huelga de febrero?

-Ahora estamos en una fase de cierta tranquilidad, lo cual no quiere decir que abandonemos nuestras reivindicaciones. Simplemente el clima de diálogo entre asociaciones judiciales y el Ministerio de Justicia es más intenso, las reuniones, hubo una el 20 de marzo, con el nuevo ministro y con el secretario de Estado están teniendo un clima mucho más distendido, más relajado. Con Mariano Bermejo los encuentros habían sido mucho más tensos. Bueno, pues el caso es que se han atendido ciertas reivindicaciones de los jueces: por ejemplo, va a haber un incremento mayor en el número de jueces cada año. Tampoco es el número que queríamos, pero se pasa de 150 a 220 por anualidad. Además se han constituido una serie de grupos de trabajo entre el ministerio y las asociaciones, en las que participará lógicamente el Consejo General del Poder Judicial, respecto al estatuto de los magistrados, la conciliación de la vida familiar y la laboral, reformas legales y la reforma de la oficina judicial, que es el requisito más imperioso de todo lo que solicitamos. Y, cómo no, un incremento de unidades judiciales. Parece que el Ministerio de Justicia es más receptivo y estamos en un periodo de tranquilidad.

-¿Cuándo es la próxima reunión?

-Hay una reunión convocada para el 14 de abril y ahí se concretarán las medidas a adoptar por el ministerio. Estamos cansados de promesas que luego no cristalizan y lo que pretendemos es que de estas reuniones salga un plan concreto, específico, detallado, con plazos para mejorar la situación de la Administración de Justicia. En relación a los sistemas informáticos, también reivindicación fundamental, se ha pasado de los famosos 20 millones de euros que ofrecía Bermejo, que era una cantidad ridícula y mísera, a los 600 millones que ha prometido el nuevo ministro para los próximos tres años. Ahora se puede afrontar una reforma de cierta entidad.

-La oficina judicial sigue anclada en los trámites burocráticos...

-La oficina judicial está pendiente de las reformas procesales necesarias, pero ya existe un proyecto. Yo creo que de una vez por todas este Gobierno ha tomado conciencia de la importancia de la reforma. Nosotros insistimos en que es fundamental contar con una oficina judicial adaptada al siglo XXI y no una del siglo XIX, totalmente pensada para una justicia rural. Hay que reformarla ya.

-Ustedes siguen insistiendo en que el nuevo juzgado debe ser liderado por el juez y no por el secretario...

-Insistimos en un aspecto muy importante: los señalamientos de juicios. Según el proyecto que baraja el Consejo de Ministros, esos señalamientos iban a quedar bajo el control de los secretarios judiciales y creemos que debe buscarse una fórmula que unifique los criterios de jueces y secretarios, pero es el magistrado quien debe manejar esa agenda de señalamientos, no porque nosotros pretendamos trabajar menos o hacerlo a nuestro aire, sino simplemente porque hay juicios muy señalados social, económica o políticamente. Hay alcaldes imputados, concejales, parlamentarios y personas involucradas en el mundo político.

-Pretenden evitar tentaciones...

-No es que desconfiemos de los secretarios judiciales, sino que hay que tener en cuenta que ellos dependen del Ministerio de Justicia y hay un sistema jerárquico en ese cuerpo profesional. Queremos evitar que ese sistema jerárquico de los secretarios judiciales pues constituya una tentación para algunos responsables políticos que pretendan influir en el orden o en el criterio de los señalamientos. Yo pongo un ejemplo fundamental: en el juicio del 11-M son el presidente del tribunal y los magistrados que lo componen quienes tienen mejor criterio para determinar cuándo se va a celebrar la vista, en qué sesiones y la duración de las mismas... No sólo es que algún responsable político tenga la tentación de manejar esos señalamientos, sino que también existe la opinión totalmente justificada de que somos los jueces los que conocemos el asunto en profundidad, la duración del mismo, los posibles testigos a citar, etcétera... Incluso en algunos señalamientos se tienen en cuenta los abogados que van a participar en el plenario. Reivindicamos esa agenda de señalamiento para los jueces, pero en lo relativo al resto de la reforma de la oficina judicial coincidimos con los secretarios y con los responsables políticos de todos los partidos.

-El nuevo Juzgado de lo Mercantil no va a solucionar el colapso del primero. ¿Qué valoración hace del mismo?

-Todo lo que sea crear nuevos juzgados debe ser recibido con los brazos abiertos, pero desde luego no va a solucionar el problema de la jurisdicción Mercantil en Málaga y otras localidades. En relación a esta ciudad, ya lo dijo el magistrado Enrique Sanjuán, sería conveniente que el consejo no abandonara la idea de mantener el juzgado bis de refuerzo porque ya estaba todo preparado y listo. Incluso había un juez en comisión de servicio que iba a servir al órgano y una secretaria judicial. El nuevo juzgado va a suavizar y a paliar el atasco del número 1, pero habrá que acudir a soluciones coyunturales como es la creación de un juzgado bis. La verdad es que hay una avalancha de concursos de acreedores. En sólo tres meses han entrado 808 asuntos. Hay que tener en cuenta que el módulo del consejo es de 350 causas al año. Eso da una idea de la elevada carga de trabajo que tiene el órgano. Haría falta un tercer juzgado. Pero también comprendo que hay opiniones en contra que afirman que estamos en una situación de crisis económica y la misma puede mejorar y, por tanto, influiría en una reducción de los concursos de acreedores y de procedimientos que entran en los órganos. Si se estima que no es necesario un tercer juzgado, por lo menos que se cree un juzgado bis que luego pueda suprimirse y retirarse cuando todo vuelva a la normalidad económica.

-También pasan un momento difícil los juzgados de lo Social...

-Nosotros celebramos una junta de jueces de lo Social hace poco y los magistrados solicitaron la creación de entre seis y siete juzgados de lo Social en atención al volumen de trabajo que está entrando actualmente. La verdad es que también hay una avalancha no sólo de concursos de acreedores sino también de temas de despidos. El aumento de trabajo se nota en otras jurisdicciones como puede ser la civil. Eso está ocurriendo en Primera Instancia, ya que éstos están notando de forma muy importante la crisis económica. Son las tres jurisdicciones que más están notando la crisis económica: Mercantil, Primera Instancia y Social. Si no se quiere acudir a crear nuevos juzgados habrá que ir a soluciones coyunturales, pero alguna hay que establecer para mejorar y atender los asuntos que están entrando, porque al final el único perjudicado es el ciudadano, el trabajador que no sólo pierde su empleo o ve perjudicada su situación laboral, sino que además tiene que soportar si acude a un Juzgado de lo Social el atraso que se está produciendo. Ésta hasta hace poco era una jurisdicción ejemplar y se resolvían los temas de forma ágil.

-¿Se ha solucionado ya el colapso de los juzgados de lo Penal en relación a las condenas pendientes de ejecución?

-El colapso es también de difícil solución. Hablamos de 1.400 ó 1.500 ejecutorias por juzgado. Hay que tener en cuenta que se creó el número 11, que ha suavizado la situación, y que este año está previsto que se creen los juzgados 12 y 13 de lo Penal, y eso permitirá mejorar la gestión de las ejecutorias y disminuirlas. Hay que tener en cuenta que se ha mantenido el plan de refuerzo de funcionarios que estableció la Junta, que hace poco se prorrogó dos meses. Nosotros insistimos en que es plan es absolutamente indispensable hasta que no se establezca el incremento de la plantilla en dos funcionarios más por órgano, de ocho a diez efectivos. Hasta que ese incremento no se verifique habrá que mantener el refuerzo. Los planes han ayudado pero no han terminado por solucionar el problema. Se ha suavizado pero el conflicto no se ha solventado. Nos hacen falta dos empleados más por órgano.

-¿Usted llegó a plantear ubicar juzgados de lo Penal fuera de la capital?

-Sí, eso no se ha planteado formalmente, pero lo he defendido en reuniones de jueces decanos y en una ponencia que presenté hace poco en el CGPJ, dentro del Plan de Modernización que se ha impulsado. Creo que hay que desplazar juzgados penales a distintos partidos judiciales de la provincia, como ocurre en Motril y Algeciras. Habría que poner alguno en Fuengirola por ejemplo, de forma que llevara los asuntos de Marbella y Ronda. Eso habría que estudiarlo con detenimiento. Y también en Marbella, por qué no.

-Los delitos menos graves también han crecido por la crisis...

-Sí, efectivamente. En los robos, los hurtos, robos con violencia o con fuerza, eso se está notando. Al igual que también se nota la reforma del Código Penal en materia de Seguridad Vial, incluso las sentencias de conformidad que deben ir a los penales para ser ejecutadas. Se adoptan reformas legales que incrementan el trabajo de los jueces, pero lo que pedimos es que cuando eso ocurra debe hacerse con un estudio serio y con el consiguiente aumento de medios materiales y humanos para los juzgados y los jueces.