La reforma de las pensiones aprobada en enero ha abierto un nuevo escenario en las jubilaciones que algunos sectores, como la educación, ven con incertidumbre y desconfianza. La idea de un maestro de 65 años en una clase de Infantil, con niños de 5 años, es recibida con temor por buena parte del profesorado. Hasta ahora el personal docente ha contado con la jubilación voluntaria anticipada a los 60 años, siempre que haya cotizado como mínimo 15 años. Pero este sistema de retiro, que se ha mantenido con la LOE (ley orgánica de Educación), acaba este curso. Así que a la reforma de las pensiones, se suma el fin de este modelo de jubilación del profesorado.
En este contexto, los sindicatos prevén que este año se dispare la demanda para acceder a la jubilación voluntaria a los 60 años. Según pronostica UGT, si cada año se prejubilan unos 350 docentes de todas las especialidades, este curso se puede llegar a los 500, lo que significa un incremento del 42%.
Los profesores con 60 años o que vayan a cumplir esa edad tienen que presentar la solicitud de jubilación anticipada antes del 28 de febrero, tal y como explica Teresa Blanca, secretaria de Educación de UGT. Hasta mayo no se hace oficial la lista de docentes que se acogen a jubilación anticipada, y tienen ese plazo para replantearse la decisión y rectificar.
La lucha de las organizaciones sindicales es mantener ese modelo de jubilación por el esfuerzo y desgaste que supone el ejercicio de la profesión a partir de los 60 años y también porque consideran que de esta forma se facilita la incorporación de los jóvenes a la enseñanza. «Seguimos con la campaña para pedir a la administración que prorrogue la jubilación a los 60. Continuamos negociándolo, aunque a priori se acaba en agosto de 2011», asegura Teresa Blanca, de UGT.
Más opositores
De momento, son doce las comunidades que van a ofertar plazas docentes, la mayoría correspondientes a Primaria e Infantil. Las últimas en sumarse a la lista han sido Castilla y León y Extremadura. Pero Andalucía sigue siendo el destino más atractivo en cuanto a la oferta, por el anuncio de que convocará unas 3.000 plazas con las que pretende cubrir el 100% de las bajas, en contra del criterio del Estado de ocupar sólo el 30%, dado la situación de crisis.
Los sindicatos no esperan una avalancha de opositores procedentes de otras regiones, aunque reconocen que aumentará la demanda.
José Manuel Fernández, secretario de Educación de CCOO, calcula que este año se presentarán más de 7.000 opositores en la provincia, que son unos mil más que en la convocatoria anterior. «Este incremento no va a generar problemas administrativos, ni de organización de las pruebas», indica. Ese incremento puede suponer la creación de diez tribunales con 50 personas más implicadas en las pruebas.
Los sindicatos creen que si finalmente se cumple la promesa política de convocar alrededor de 3.000 plazas para Andalucía, se cubrirán las vacantes y se evitarán problemas de saturación en las aulas. «Algunos colectivos ven con temor que haya demandantes de otras comunidades, porque los opositores de aquí tendrán menos posibilidades de conseguir plaza. Pero lo importante es el interés general, que tengamos una enseñanza de calidad», subraya Fernández.
En esta línea se pronuncia Teresa Blanca, de UGT, quien recuerda que en puntos de la Costa del Sol la ratio de alumno por clase supera lo aconsejado; por ejemplo, 35 alumnos de primaria por aula. El último informe Pisa publicado por la OCDE puso en evidencia el sistema educativo andaluz. Entre las causas, la falta de profesores, lo que impide una enseñanza más personalizada.
