Urbanismo ignora el fallo de la Audiencia sobre los Baños del Carmen

El Ayuntamiento de Málaga considera que la sentencia de la Audiencia Nacional que refrenda el proyecto público de regeneración de los Baños del Carmen al rechazar la petición de nulidad que demandaba una asociación de vecinos de la zona «no nos afecta», pero que servirá para «hacer más fácil el tirar para adelante» con el proyecto alternativo presentado recientemente por las empresas privadas que regentan como concesionario el balneario, según señaló el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares.

El concejal explicó que «en principio la sentencia no nos afecta pues se trata de un fallo contra una asociación y donde el Estado gana; nosotros en este aspecto somos testigos y nada más.

La sentencia viene a ratificar que el proyecto elaborado por el Estado «es legal y estaba bien conformado, lo que supone un punto de partida importante para nosotros».

En una segunda lectura, Pomares añadió que con la sentencia «es más fácil ahora tirar para adelante para poder sacar el proyecto que defendemos».

A su juicio, «ahora la situación no es la misma que cuando se aprobó el proyecto público por parte del Gobierno y hay otro proyecto que puede dar juego».

El concejal explicó que estamos trabajando para mejorar el proyecto privado presentado por los concesionarios y a la par dialogando con la Junta de Andalucía y la Demarcación de Costas del Ministerio que es quien debe decidir sobre qué proyecto se ejecuta». No quiso avanzar nada sobre esas negociaciones, limitándose a señalar que «son fluidas y constantes y al final ya se verá».

La Audiencia Nacional, en una sentencia adelantada por La Opinión de Málaga, dictaba el mes pasado un fallo judicial desestimando el recurso interpuesto por la asociación de vecinos de los Baños del Carmen que pedía, de un lado, la nulidad del proyecto público de regeneración de los Baños del Carmen y, de otro, el mantenimiento de Astilleros Nereo, como una «actividad protegida».

La sentencia rechaza con contundencia cada uno de los alegatos presentados por la asociación vecinal contra el proyecto público, al que da su respaldo jurídico al considerar que «los fines perseguidos en el proyecto que nos ocupa se acomodan a los previstos en el ordenamiento jurídico».