El concejal de Medio Ambiente del Consistorio de Málaga, Raúl Jiménez, reconoció ayer que en la negociación con el comité de empresa de Limasa sobre el nuevo convenio colectivo se ha llegado a un punto en el que «no avanzamos». Ante esto, advirtió de que para 2014 ha de conseguirse un ahorro de seis millones de euros, que tiene que alcanzarse con «el sacrificio de todas las partes: trabajadores, Ayuntamiento y privados».

Además, el edil hizo hincapié en que si no se consigue el ajuste de 2013, «habrá que meterlo en 2014», agregando que lo puesto hasta ahora sobre la mesa no permite el ahorro necesario de seis millones de euros.

«A todos nos han tocado el bolsillo porque los ingresos han disminuido; ahora le toca a Limasa, que estos años se ha visto ilesa de esas bajadas, pero no puede ser una isla», aseguró Jiménez.

El edil defendió, de todos modos, que la idea es conseguir un recorte que permita contratar en verano a trabajadores eventuales -entre 180 y 200-, lo que posibilitaría «reforzar el servicio y mejorarlo».

Entre las medidas propuestas, se encuentran una rebaja salarial del plus de productividad 2014 en función de la categoría profesional: de unos 40 euros netos al mes en el caso de los operarios, en torno a 80 euros para mandos intermedios y de alrededor de 160 para superiores y directivos, así como la eliminación de la paga de productividad.

Otras opciones para lograr ese ahorro pasan por el hecho de que la plantilla se coja las vacaciones durante todo el año, de manera que no haya que contratar a trabajadores eventuales.

Sobre el laudo dictado el pasado mes de marzo por el árbitro designado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) de la Junta, Jiménez dijo que «no ha satisfecho a nadie, ni al Ayuntamiento, ni a la empresa ni a los trabajadores».

Según manifestó, «tenemos que mejorar la limpieza, no hemos llegado al ahorro empresarial y los trabajadores no están contentos», por lo que opinó que «aplicar el laudo de 2013 en 2014 no sería una buena solución».

Insistió en que «hay que tomar las medidas necesarias para llegar a ese ahorro de seis millones de euros, que el servicio en la calle no se vea perjudicado y eso pasará por el sacrificio de todos», por lo que abogó por mantener la negociación aunque insistió que como «última opción» siempre estaría la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).