El Tribunal del caso Malaya, presidido por José Godino, ha emitido un auto en el que da «por preparados» los recursos de casación anunciados por medio centenar de condenados en la trama de corrupción, y da 15 días para que los abogados defensores y las acusaciones se personen ante el Tribunal Supremo, cuya Sala II será la encargada de emitir un fallo definitivo en el marco de este proceso. En concreto, la causa pasa ahora a ser competencia de Madrid.

Entre los condenados que han apelado se encuentran el principal encausado, Juan Antonio Roca, sentenciado a once años de prisión. Éste ha alegado vulneración de varios preceptos constitucionales, infracción de ley y quebrantamiento de forma. En total, de los 51 sentenciados han recurrido todos salvo el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, que cumple condena por Minutas (siete años y medio), Pantoja (siete años) y Malaya (dos). Ya sólo le preocupa acumular condenas para salir lo antes posible de la cárcel.

Entre otros, han recurrido también Marisol Yagüe, exalcaldesa marbellí, la ex primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, y diversos promotores, todos ellos condenados a distintas penas en Malaya.

También han recurrido en casación ante el Supremo la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la Junta de Andalucía. El ministerio público ha alegado infracción de ley y del precepto constitucional. La Junta, por su parte, también considera que se ha infringido la ley. La Fiscalía busca de esta manera la condena de alguno de los 44 absueltos -hubo 51 condenados, aunque algunos ya han fallecido-.

La Sala indica en el auto, de 53 folios, que se remita la sentencia dictada, la resolución de ayer y los escritos anunciadores de los recursos al Supremo, y que los abogados y procuradores se personan «en el improrrogable plazo de 15 días a usar sus derechos ante la Sala Segunda del Supremo». Si no compareciesen, el recurso quedaría desierto.

El recurso encierra gran importancia para el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca, puesto que, si ve endurecida su pena, pasará más años entre rejas y se alejará el posible permiso de salida. Por el contrario, de confirmarse la misma, podrá empezar a contar los días que le restan para disfrutar de unos días fuera de un presidio, puesto que tiene buena conducta, está pagando las responsabilidades civiles de Saqueo 1 -24 millones de euros- y lleva casi ocho años en un penal. Como mucho, cumplirá el triple de la pena mayor a la que ha sido condenado hasta ahora.

Esta decisión de la Audiencia Provincial de Málaga supone enviar el caso Malaya ya a la Sala II del Supremo, de tal forma que ahora será el ponente, Juan Saavedra, el que tendrá que fijar una vista en un espacio adecuado para acoger a un buen número de defensas y acusaciones, y dictar una sentencia definitiva sobre el mayor proceso de corrupción política y urbanística jamás enjuiciado en España. No en vano, en el banquillo de los acusados se sentaron durante 200 sesiones espaciadas en dos años 95 procesados, y el número de imputados en la fase de instrucción superó el centenar.

La causa Malaya ya no volverá a Málaga hasta que haya que ejecutar la sentencia, algo complicado, puesto que muchas personas tendrán que entrar en prisión y habrá que rastrear los patrimonios de los encausados y embargar bienes para hacer frente a las millonarias multas y responsabilidades civiles interpuestas por el Tribunal.

Roca, por ejemplo, está condenado a pagar multas por valor de 240 millones de euros, y otros imputados también tienen que ingresar en el Erario público importantes sumas, aunque el Supremo tendrá la última palabra.