11 de febrero de 2015
11.02.2015
La Opinión de Málaga
Un edil del PP de Rincón, citado a declarar

La policía da otro golpe al macrofraude de las ayudas de formación a parados

La nueva fase del caso Edu afectará durante varios días a 90 personas, 52 empresas y el fraude es de tres millones – En Málaga son diez empresas las investigadas

10.02.2015 | 21:40
Imagen de una oficina del SAE de Málaga.
Díaz: \
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Díaz: "Quien haya defraudado un euro, que lo crujan"

La exalcaldesa jerezana, entre las investigadas

  • Entre los investigados ayer se encontraban cuatro políticos. Así, la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera, Cádiz, declaró ante la policía como expresidenta de Mercajerez, y añadió que «no sabía nada de los cursos». En las dependencias policiales, dijo a los medios, «estaba todo Mercajerez». También está implicado el concejal del PSOE en Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega, quien ha anunciado su dimisión, su exmujer y su hija. Asimismo, hay implicado otro concejal de Vícar, y el malagueño Manuel Sánchez, edil de Formación de Rincón de la Victoria, aunque el PP se limitó a decir que no se le ha informado en calidad de qué deberá declarar, pero sí tendrá que ir junto a un abogado.

Otro trueno cae sobre la Junta a poco más de un mes para las elecciones autonómicas. La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional dio ayer otro golpe al macrofraude de las ayudas a empresas para la formación de desempleados, de tal forma que detuvo a 16 personas relacionadas con la trama en Almería, Cádiz y Málaga, en el que se conoce como el caso Edu Costa, un operativo que se prolongará durante varios días y que afectará, según fuentes policiales, a 90 personas, vinculadas a 52 empresas que serían responsables de un fraude cercano a los tres millones de euros.

Ése es el marco general y, en la primera escena de la obra, fueron arrestadas 16 personas. Ni las fuentes policiales ni las cercanas al caso supieron precisar a La Opinión de Málaga el número de arrestados en la provincia, pero sí apuntaron a que el atestado de los investigadores hacía referencia a una resolución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAS) de la Junta fechada el 4 de noviembre de 2010 por la que se concedían ayudas por importe de 2,48 millones de euros a treinta y dos sociedades para que impartieran «acciones de formación profesional para el empleo con compromiso de contratación» para desempleados.

De estas mercantiles, la policía habría detectado irregularidades en cuanto «al control y concesión de las subvenciones» en diez, y, por tanto, entre los arrestados ayer, y los que puedan ir cayendo hoy, hay implicados alumnos, profesores y algunos empresarios.

Esas subvenciones oscilan entre los 11.578 euros y los 168.690 –la más alta– a empresas turísticas, culinarias, academias de peluquería o de raíz tecnológica, incluso del sector de la seguridad vial. La resolución está firmada por el director provincial del SAS en la época, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

Las fuentes confirmaron que son diez las empresas investigadas y que lo normal es que ahora se actúe como se hizo con las otras 17 –relacionadas en otro atestado de 15 de diciembre de 2010 y que recibieron ayudas por valor de 1,5 millones de euros–: primero la policía llamará a declarar a los alumnos, luego a los profesores y finalmente a los empresarios. De ahí, se sustanciarán las comparecencias ante el juez y el fiscal y se determinará si hay funcionarios y políticos.

Lo cierto es que ese primer apéndice del caso se lleva en el Juzgado de Instrucción 8 de Málaga capital y la Fiscalía de Delitos Económicos, y ninguna de estas autoridades ordenó las detenciones, que partieron de la propia UDEF con el fin de hacer un nuevo informe que elevar a la autoridad judicial.

Ayer mismo fue llamado a declarar, al mediodía, el edil de Formación de Rincón de la Victoria, Manuel Sánchez (PP), aunque su partido dijo no saber en calidad de qué se le quiere tomar declaración. Él dijo estar tranquilo. Tendrá que ir junto a un abogado, y llevar a su mujer y su hijo, a quienes también quieren escuchar los responsables de las pesquisas. El edil rinconero tiene un restaurante y dio cursos subvencionados de hostelería.

Los agentes aseguran que Málaga es la provincia donde más adelantadas están las pesquisas, e indican que la policía, tras tomar declaración a los afectados, los dejará luego en libertad, algunos con cargos, a la espera de que el juez los llame.

De cualquier forma, aquí la responsabilidad de la Junta sería, en principio, 'in vigilando', es decir, por el control efectuado sobre esas ayudas. Fuentes policiales explicaron a Europa Press que los testimonios han permitido detectar que había sociedades que mentían sobre el número de alumnos, o que contrataban profesores sin conocimientos sobre el curso. Otras veces, se llegaba a acuerdos con personas para actuar de docentes a cambio de hacerlo a mitad de sueldo. Y, lo más kafkiano, en ocasiones los cursos no se celebraban. Este nuevo golpe, el segundo en la provincia en ocho meses, se centra en empresas pequeñas que recibían esas subvenciones a diferencia de las primeras. La juez Mercedes Alaya ya imputó el pasado verano a dos exconsejeros de la Junta, Ángel Ojeda y Antonio Fernández, en el seno de esta investigación policial –en cada provincia afectada investiga un juez diferente–. En relación a Ojeda, trece de sus empresas habrían recibido 14,6 millones de euros cuando su cuñada Teresa Florido era la máxima responsable del SAE en 2011 y 2012.

En un principio, la policía tasó el fraude en Andalucía en 2.000 millones de euros, aunque de momento no se ha llegado a ese cálculo tan elevado y parece difícil que las sumas rastreadas en distintos expedientes apunten a ese número.

En Málaga, el escándalo de los cursos de formación estalló en abril, en plena Semana Santa, después de que la Fiscalía abriera diligencias por uso incorrecto de fondos para la formación de parados, incluso por empresas que no existían.

Las fuentes hablan de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones. El caso se inició en mayo de 2013 una vez que la Seguridad Social denunció el hecho a la UDEF, ya que detectaron irregularidades «numerosas, persistentes y graves» en la concesión del dinero. Fue en abril cuando la Fiscalía Superior de Andalucía repartió entre distintos juzgados andaluces las diligencias abiertas. En uno de sus informes afirmaba que la gestión de ayudas «no cuenta con un procedimiento de concesión, justificación y liquidación homogéneo y estandarizado» y abre la puerta a «posibles y habituales irregularidades», además de haber una ausencia de control y seguimiento.

En cuanto a la investigación inicial, que afecta a 17 empresas, ésta se ha dividido en 16 piezas y se han pedido varios documentos. En julio, en el primer golpe con detenidos en Málaga, fueron arrestadas nueve personas.

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