Entre toda la hojarasca levantada por el caso Edu, contra el macrofraude de las subvenciones a empresas que impartían cursos de formación a parados, comienzan a conocerse detalles de lo que están preguntando estos días los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a los investigados por su supuesta pertenencia en la trama, y muchas de esas cuestiones, según fuentes cercanas al caso consultadas por La Opinión de Málaga, van dirigidas a conocer «si los empresarios que ofertaron esos módulos tenían contacto con personal de la Junta».
Dicho de otra forma, lo que buscan es conocer si esos cursos se celebraron y si había algún tipo de conexión entre algunos de los empresarios y funcionarios o políticos de la Junta. Es más, las fuentes aseguraron que la policía duda de que algunas de las inspecciones del Ejecutivo andaluz efectuadas para comprobar que efectivamente los cursos se impartieron se hayan producido realmente, pese a que así conste en los papeles.
«Entre otras cosas, preguntan si la Junta realmente hizo la inspección que consta en los papeles», e insistieron en que los delitos básicos que se investigan en la trama son falsedad documental y estafa, de ahí que todo se centre en el control de esas subvenciones y su aplicación.
Por otro lado, catorce personas más fueron detenidas ayer en la segunda fase de la operación, que en esta ocasión se desarrolla en Cádiz, Málaga y Almería. El martes, primer día de la nueva oleada del caso, se produjeron 17 arrestos, por lo que el número de implicados asciende ya a 31. Los investigadores creen que durante los días que durará esta segunda fase del golpe habrá hasta 90 implicados y las pesquisas afectarán a 52 empresas, de forma que el fraude suma en torno a tres millones de euros.
En Málaga, esta segunda oleada está relacionada con una resolución del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) fechada el 4 de noviembre de 2010, por la que se concedían ayudas a treinta y dos empresas para la formación de desempleados con compromiso de contratación. Los agentes encontraron irregularidades en diez de esas sociedades mercantiles, entre las que hay empresas hosteleras, sanitarias, turísticas y academias de estudios o escuelas de peluquería y seguridad vial. En concreto, se concedieron 2,48 millones de euros a las 32 mercantiles, y la resolución está firmada por el exdelegado de Empleo de la Junta, Juan Carlos Lomeña. Las subvenciones oscilan entre los 11.579 euros y los 168.690.
La primera parte de la investigación se basa en una resolución del 15 de diciembre de 2010 y afecta a 17 empresas que recibieron subvenciones por 1,5 millones de euros para formar a desempleados y luego contratarlos. En julio, primera fase del golpe, fueron arrestadas nueve personas en la provincia. Estos expedientes ya están en poder del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital y la Fiscalía de Delitos Económicos, aunque ninguna de estas autoridades ha ordenado las detenciones, que son policiales.
Lo normal es que ahora los agentes llamen a declarar a alumnos, profesores y empresarios, para luego elaborar un informe y, junto con el atestado, enviarlo al juez. Las fuentes consultadas señalaron que, lo más lógico, es que las actuaciones policiales de estos días lleguen en un mes al juzgado malagueño.
En cuanto a las declaraciones de los investigados y testigos relativos a la primera resolución, éstas comenzarán a producirse desde el 17 de abril y se prolongarán varios meses. Sobre las comparecencias de estos días, lo previsible es que los afectados queden en libertad, unos con cargos y otros sin ellos, y que los jueces instructores de las diversas provincias vuelvan a escucharlos en unos meses.
