Falta impulsar su primer plan de acción, pero, al menos, ya existe una sólida declaración de intenciones. Gobierno, patronal y sindicatos escenificaron ayer su unión en la lucha contra la siniestralidad con la firma conjunta de la estrategia de salud laboral para el próximo lustro, que estará dotada de un presupuesto cercano a los 36 millones de euros.

El documento, que recoge las propuestas para avanzar en la protección del trabajador, fue presentado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, los presidentes de la CEOE y Cepyme, Juan Rossell y Antonio Garamendi, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, quienes insistieron en la necesidad de agilizar los trámites y aprobar por convocatoria urgente el primero de los tres planes que componen la estrategia.

Este acuerdo nace con el objetivo de mejorar el entorno laboral y, para ello, facilitar a las empresas, sobre todo a las de pequeño y mediano tamaño, el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud. Además, persigue las mejoras continuas en las condiciones, con especial atención en las enfermedades relacionadas con el trabajo.

Después de años de estabilidad, en el año 2013 se registró un incremento del número de accidentes y de incidencias laborales en algunos sectores. En 2014 estas cifras han aumentado en términos absolutos. Así, cada día fallecen dos personas por accidente laboral; 11 trabajadores padecen un accidente de carácter grave; 1.309 uno de carácter leve; 1.912 registran accidentes sin baja y 63 trabajadores una enfermedad vinculada al empleo. Los números no son mucho más halagüeños en Málaga. El año pasado perdieron la vida diez trabajadores. En este curso la cifra es de cuatro.

El sindicato CCOO cree que ha llegado el momento de reforzar la inspección de trabajo. La organización advierte también del peso de la violencia contra trabajadores como los sanitarios, que le ha llevado a crear un observatorio de agresiones en Andalucía.

Durante la presentación de la estrategia, aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros, Báñez reivindicó la lucha contra el fraude laboral, que definió como un «atentado». En este sentido, afirmó que «no se puede hablar de calidad en el empleo» sin combatir el trabajo no declarado. Además, la ministra anunció que se llevarán a cabo nuevas reformas en este apartado. La responsable de Empleo incidió en la importancia de que el trabajo sea estable, ya que, abundó, «no hay calidad en el empleo sin empleo estable». Para ello, pidió a las empresas que continúen con su apuesta por la contratación indefinida.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, pidió que se lleve a cabo una inversión eficaz en este ámbito, para que se puedan reducir gastos que pasarían a ser innecesarios. Además, aseguró que no se puede «bajar la guardia» ante la seguridad y la salud en el trabajo, en un contexto en el que el 40 por ciento del tejido empresarial está formado por pymes, donde lograr estos objetivos es «mucho más complicado».

Para Rosell, las normas deben evolucionar al ritmo de la economía real. El responsable de la patronal recalcó que los datos de accidentalidad son buenos, ya que si han vuelto a crecer un poco ha sido debido a que «la economía ha vuelto a tirar más que otros años».

En la presentación también intervino Fernández Toxo, quien hizo referencia al cambio en las condiciones de trabajo para asegurar que es más difícil exigir condiciones adecuadas «cuando existe el temor fundado a la pérdida del puesto de trabajo». La estrategia también incluye el compromiso para promover la mejora en la prevención de riesgos laborales en todas las empresas, pero sobre todo en aquellas que presenten un mayor riesgo, como es el caso de las pymes.