­El presidente del tribunal del caso Malaya, José Godino, tardó 14 meses en poner la sentencia del caso Malaya, la mayor trama de corrupción urbanística de la historia judicial española, con la única ayuda de sus dos compañeros de sala, Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald, y 95 acusados. Muchos criticaron, por supuesto en voz baja y en llamadas a sitios clave y a cargos gubernativos, la tardanza en dictar el fallo del proceso de la Audiencia malagueña tras dos años de juicio y 200 sesiones, pero lo cierto es que el procedimiento se ha atragantado en el Tribunal Supremo, que se acaba de dar dos meses más para resolver los recursos de casación de 52 partes, y alcanzará así los once de elaboración del documento a finales de junio.

En este caso, el ponente y presidente del tribunal es Juan Saavedra y hay otros cuatro magistrados. Asimismo, un equipo de letrados los auxilia y les busca jurisprudencia. La vista sobre los recursos de casación se celebró a mediados de julio de 2014, por lo que a finales de junio, con la nueva prórroga decretada ayer y que estaba vigente hasta finales de abril, el periodo de elaboración de la sentencia definitiva de Malaya se va ya a los once meses y no es descartable que llegue al año. Hay quien ya se atreve a pronosticar que no estará hasta la vuelta del verano.

En esta ocasión, Saavedra justifica su decisión, notificada ayer a las partes, en que los magistrados de la Sala Segunda deben dedicarse también a deliberar y decidir sobre otros recursos, y en la complejidad de la causa, como ya dejó dicho en las prórrogas anteriores, y en el número de acusados así como en la dificultad técnica de los recursos.

Muchos metieron prisa a Godino, pero algunos abogados aseguran que éste y otros macroprocesos han hecho que el Supremo se empiece a plantear la naturaleza misma de este tipo de casos.

Los letrados de Malaya consideraron que julio de 2014 era una fecha excesivamente temprana para celebrar la vista de los recursos de casación, dado que no les iba a dar tiempo a estudiar la voluminosa documentación del caso, sobre todo los informes de blanqueo y de patrimonio. La vista de Malaya, en su opinión, no podía celebrarse sin tener los detalles antes de escuchar a los letrados. «En un caso de asesinato puedes ir a la vista sin leer antes el sumario, pero en Malaya los delitos son tan sumamente complejos que es difícil enterarte de algo si antes no te sabes la letra pequeña de los informes», precisó un letrado a este periódico cuando el Supremo decretó la última prórroga. Además, a los abogados se les aseguró en la vista que se iban a leer todos los recursos y a contestar cada cuestión.

Sólo hay que hacer un ejercicio para ver el titánico trabajo al que se enfrenta el Supremo estos días y que ha hecho que la elaboración de la sentencia definitiva se vaya al año y llegue casi una década más tarde de las primeras detenciones en marzo de 2006. Cada uno de los 52 recursos de casación tiene una media de cien páginas, salvo casos excepcionales como el de la abogada del principal encausado, Juan Antonio Roca, Rocío Amigo, que ha presentado un escrito de 750. Todo ello suma unas 5.000 páginas. Asimismo, es necesario incluir los escritos de impugnación de las partes al recurso de la Fiscalía, que tiene entre 50 y 70 folios por unidad, es decir, más de 3.600, y el correspondiente de Anticorrupción, que tiene 1.500. La Sala Segunda ha de hacer frente a la lectura de 10.000 folios, así como también a la consulta continua de los informes.

Algunas fuentes han llamado la atención sobre el hecho de que algunos altos cargos judiciales ajenos a Málaga que llamaban a otros para meter prisa al tribunal de Godino tal vez ahora «entiendan el enorme trabajo que se hizo en la Costa del Sol».