­La Ley de Tasas Judiciales, la primera norma que generó el rechazo expreso de todos los operadores jurídicos, ha estado vigente desde diciembre de 2012 a enero de 2105, justo el tiempo que tardó el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, en deshacer éste y otros proyectos legislativos de su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. El pago de una tarifa adicional para poder litigar en los juzgados le ha supuesto a los malagueños 17,3 millones de euros, convirtiéndose Málaga en la provincia andaluza cuyos ciudadanos más se gastaron en el tasazo en el periodo de vida de la norma y en la sexta a nivel nacional.

A nivel estatal, Madrid es la provincia en la que más se recaudó con la Ley de Tasas Judiciales con 173,4 millones de euros; a ésta le siguen Barcelona, con 107,4, Cantabria, con 39,2, Bizkaia, con 38,4 millones de euros, Valencia, con 24 millones y Málaga con 17,3. Tras la Costa del Sol se sitúan Sevilla, con 15,6 millones de euros, las Islas Baleares, con 12,7 millones de euros, Alicante, con 12,4 y Zaragoza, con 12,32.

Estos datos se recogen en una respuesta del Gobierno al diputado y secretario general de los socialistas malagueños, Miguel Ángel Heredia. Así, los malagueños abonaron 127.000 euros en diciembre de 2012 en concepto de tasas judiciales; 8,3 millones en 2013, la misma cantidad en 2014 y 415.000 euros en enero de 2015, último mes de vida de la norma que el Gobierno moduló, en un primer momento, con el fin de atenuar las críticas, y luego retiró.

Los malagueños se han dejado una media diaria de 21.815 euros en estos 26 meses en concepto de tasas judiciales, según la pregunta, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga en exclusiva.

Fue el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, el que lideró esta lucha en todo el país. De hecho, tras su junta de gobierno se echaron a la calle en Málaga más de dos mil abogados con su toga el 28 de noviembre de 2012 para protestar por este texto, que supuso en sus primeros meses de recorrido una subida de las tasas por acceder a la justicia de entre 50 y 750 euros. Sólo recurrir en Civil podía costar 800 euros.

Ello le supuso un gran desgaste al Gobierno, pues ni siquiera los jueces estaban a favor de la medida, más partidarios éstos de moderar la tarifa. Tras la idea de Ruiz Gallardón estaba el interés por reducir la carga de trabajo en juzgados y tribunales, algo que se consiguió, aunque los expertos explican que ello se concretó a costa de lesionar el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. Es decir, hubo muchos españoles que no pudieron defender los derechos en los tribunales por no tener dinero para ello.

En 2013, la litigiosidad en Málaga cayó un 4,8%, y en áreas como la Contencioso-Administrativa -los pleitos que los ciudadanos ponen contra la administración- la bajada fue en 2014 del 38,4%.