02 de junio de 2015
02.06.2015
Mediio Ambiente

La Junta afirma que ejecutará la sentencia del TSJA que les obliga a limpiar los arroyos

El delegado del Gobierno andaluz reconoce que los servicios jurídicos estudian la sentencia para analizar cómo acatarla

02.06.2015 | 05:00
Trabajos de limpieza de uno de los cauces de la capital.

El varapalo judicial sufrido por la Junta de Andalucía sobre el mantenimiento y limpieza de los cauces ya está siendo analizado por los servicios técnicos de la Administración autonómica para ver cómo aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, reconoció que la administración andaluza «acatará lo que determine» la sentencia, que da la razón al Ayuntamiento de Málaga y que señala que la Junta de Andalucía es responsable del desbroce, corrección de márgenes y de las obras para asegurar los caudales mínimos de los arroyos urbanos. Espejo apuntó que se está estudiando las consecuencias de esta sentencia, que en principio no sólo afectaría al término municipal de Málaga, sino a toda Andalucía.

Ruiz Espejo señaló que los servicios jurídicos están haciendo «una valoración de la sentencia» antes de cerrar un plan de actuación que se ajuste a la exigencia del fallo.

Inicialmente, la sentencia es muy taxativa, al afirmar: «Es competencia y corresponde realizar a la Junta de Andalucía la conservación y adecuación de los arroyos del término municipal de Málaga, conforme a las competencias que legalmente tiene atribuidas, sin perjuicio de que el Ayuntamiento de Málaga deba efectuar la recogida de los residuos sólidos arrojados a los citados arroyos».

Para ello argumenta un decreto de rango autonómico y el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos, que aseguran que las competencias son de la comunidad autónoma. Estos argumentos, pese a que la sentencia se refiere exclusivamente al término municipal de Málaga y como respuesta a la demanda del Ayuntamiento de la capital, se interpretan con alcance regional y pueden provocar una oleada de exigencias de los municipios andaluces.

No obstante, queda por determinar, y es algo que los servicios jurídicos de la Junta deben analizar, las consecuencias económicas de la sentencia. En concreto si el fallo del TSJA obliga a la administración andaluza a devolver el dinero adelantado por el Ayuntamiento para asumir las competencias autonómicas, y que el Consistorio calcula en 480.000 euros, a razón de unos 60.000 euros anuales.

El Ayuntamiento estudia solicitar a la Junta de Andalucía el reintegro de estas cantidades, al entender que asumieron trabajos que no les correspondían.

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