14 de junio de 2015
14.06.2015
Elecciones sindicales

Casi 1.900 funcionarios de Justicia elegirán el día 18 a sus representantes sindicales

La antigüedad de los edificios, los recortes salariales y la escasez de medios materiales y humanos, principales críticas

14.06.2015 | 01:08

Parecen unas elecciones sindicales más, pero no lo son, sobre todo en un contexto de recortes salariales y en un servicio público que, pese a ser esencial para la paz social y la marcha de la economía, no recibe una inversión acorde a su importancia. Los casi 1.900 funcionarios de Justicia de toda la provincia están llamados a elegir el jueves, 18 de junio, a sus representantes sindicales en la Junta de Personal de Justicia de Málaga, formada por 23 miembros, para los próximos cuatro años.

Cinco sindicatos confluyen en esta lucha. A priori, parece que sólo defienden a los funcionarios de Justicia, pero su pelea es más profunda: no sólo abogan por que sus compañeros recuperen el poder adquisitivo perdido con la crisis, de entre un 20% y un 30%, o por que las bajas sean cubiertas con más rapidez, y no se tarde tres meses como ahora; tampoco se centran únicamente en criticar la escasez de luz natural en la Ciudad de la Justicia o la distribución de los aparcamiento subterráneos, sino que también, y sobre todo, se baten el cobre por reformas y mejoras en los edificios judiciales en los que los ciudadanos son atendidos por jueces y empleados públicos; insisten en exigir medios materiales y humanos para agilizar la respuesta judicial a cualquier persona que acuda a la Justicia, reclaman la llegada de las nuevas tecnologías y del expediente digital para ayudar a que todo vaya más rápido y el servicio sea más eficiente, así como también inciden en la importancia de una inversión mayor y sostenida en el tiempo por parte de las administraciones con competencia en la materia.

La Opinión de Málaga ha entrevistado a los cinco cabezas de lista: Adriano Moreno (SPJ-USO), Juan Miguel García (UGT), Juan Antonio Luque (STAJ), Juan Antonio Rubio (CSI-F) y Carmen Cuenca (CCOO) con el fin de que no sólo los casi 1.900 funcionarios de Justicia que están llamados a las urnas este jueves, 18 de junio, los conozcan, sino que también los ciudadanos, en definitiva los destinatarios del servicio público judicial, puedan valorar sus propuestas y comprobar, de primera mano, que los sindicatos también cumplen un papel social muy destacado en la diagnosis de los males del ramo en el que están radicados y son dinamos, motores de cambio. Tal vez, en muchos casos, cumplen el papel de auténticos pepitos grillos del sector público.

La queja general es el duro tijeretazo que los sucesivos gobiernos centrales, tanto los del PP como los del PSOE, les han dado en sus sueldos: los cifran en una horquilla que va del 20% al 30%. Para ello, muchos siguen la vía judicial y, de forma adicional, la movilización para lograr sus objetivos. Estas protestas, por ejemplo, paralizaron la privatización del Registro Civil.

Otra de las quejas que afecta principalmente a sus representados es la de que las bajas por enfermedad tardan tres mes en cubrirse con un interino, lo que, en una situación de sobrecarga descomunal de trabajo como la que atraviesan los juzgados malagueños –son los que tienen mayor litigiosidad del país, según datos del Consejo General del Poder Judicial– sólo contribuye a generar un tapón mayor, un colapso que resta calidad a la Justicia.

La tercera queja que más puede leerse en las entrevistas es la de la distribución de los espacios en la Ciudad de la Justicia, la joya de la corona de los edificios autonómicos judiciales en Andalucía, que, aun así, suscita críticas por el hecho de que los funcionarios trabajan en zonas menos ventiladas e iluminadas que los espacios que ocupan los fiscales, los jueces y los funcionarios. Con respecto al edificio, consideran que ya no queda sitio para nuevos juzgados y piden el traslado del Instituto de Medicina Legal (IML), con el fin de que no haya más problemas de olores.
Las mayores críticas abundan en la falta de medios personales y humanos. Denuncian que no se crean órganos judiciales desde antes de la crisis económica, que sólo llegan jueces, y piden un refuerzo en las plantillas de funcionarios de determinados órganos, con especial incidencia en los dos juzgados de lo Mercantil, vitales para desengrasar la depauperada economía provincial –el 1 es el más saturado de España– y los penales, que arrastran un tapón de 20.000 sentencias sin ejecutar. Una situación, afirman, que nació hace casi una decena de años y a la que sólo se le han puesto parches con el fin de que la bola no siga creciendo.

También señalan que las guardias de la Costa del Sol han de hacerse con la mitad de las plantillas de los órganos de Instrucción. En Marbella o Torremolinos hay días en los que se llega a los treinta o cuarenta detenidos de media, lo que supone una enorme carga de trabajo. Por último, además de reclamar una inversión sostenida y la modernización tecnológica, proponen la construcción de palacios de Justicia en sitios como Marbella, Estepona, Fuengirola para acabar con la dispersión judicial, aunque donde sí urge este asunto es en Torrox, cuyos órganos están en un edificio antiguo que ni siquiera dispone de acceso para discapacitados ni ascensor.

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