Los propietarios de casas ilegales serán indemnizados antes de la demolición

­La Axarquía malagueña, además de parajes naturales de indudable valor ecológico, acoge más de 15.000 viviendas en suelo no urbanizable. Muchos de esos propietarios son extranjeros y compraron de buena fe, fiándose de un intermediario o de una inmobiliaria. Con el tiempo, se encuentran con una sentencia que les obligaba a tirar su casa porque nadie les advirtió de la ilegalidad y se quedaban sin dinero y sin techo. Ahora, una modificación legal aprobada ayer por el Congreso de los Diputados obliga a que sean indemnizados.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los propietarios de viviendas declaradas ilegales por los tribunales han de percibir una indemnización antes de que se derribe su casa. Para ello ha de existir una sentencia firme.

Esta medida señala que el juez o el tribunal que ordene la demolición exigirá, como condición previa y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, «la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones a terceros de buena fe».

Este cambio se suma a otro incorporado ya en la reforma del Código Penal para paralizar los derribos de viviendas ilegales en las zonas costeras hasta que los propietarios tengan asegurado el cobro de indemnizaciones.

La reforma pasó ayer el trámite en el Congreso con 179 votos a favor, 139 en contra y cinco abstenciones. El nuevo texto no sólo afecta a las casas, pues encierra otras profundas enmiendas, unas 50, que tratan de hacer más ágil y eficaz la Justicia, como defendió ayer el ministro Rafael Catalá. La oposición la tachó de contrarreforma y oportunidad perdida.

El Colectivo Save Our Homes in Axarquía (SOHA), que agrupa a miles de extranjeros afectados por este problema, ya aplaudió a finales de junio esta medida, que podría sustanciarse en la compra de las casas por parte de los organismos encargados de derribar el inmueble.

El problema está muy extendido por la Costa del Sol Occidental y el interior de la provincia, de forma que se estima que hay unas 30.000 construcciones en esta situación administrativa en Málaga. A los ecologistas no les ha hecho mucha gracia esta reforma, que también tendrá especial incidencia en municipios como Marbella o Estepona. SOHA ya explicó en junio que la reforma de la Ley del Poder Judicial evitará que «las familias sean víctimas por partida doble», es decir, por haber comprado una casa en suelo ilegal y luego, para más inri, deban tirar esa vivienda.