La convocatoria de ayudas del Instituto Municipal de la Vivienda para la instalación de ascensores en edificios de la capital ha recibido un total de 170 solicitudes, según el dato delantado por la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez, que hizo ayer balance de esta iniciativa impulsada por el Consistorio y promovida por el grupo socialista.
Gámez lamentó que el presupuesto de 2 millones de euros contemplado para esta convocatoria tan sólo va a permitir atender entorno al 15% de las peticiones, por lo que van a solicitar que los presupuestos para el próximo ejercicio incluyan una nueva partida para este fin que duplique la del actual plan.
«Málaga cuenta con 12.795 viviendas ubicadas en bloques de tres o cuatro plantas sin ascensor y la estimación es que se va a poder atender en esta convocatoria entorno a 2.000. Esto significa que al menos 10.800 viviendas se van a quedar fuera de este plan», explicó Gámez, que va a instar al equipo de gobierno a que estas convocatorias sean sostenidas en el tiempo y no algo aislado y coyuntural.
En cuanto a la convocatoria que se ha cerrado, la edil socialista manifestó que van a pedir al Instituto Municipal de la Vivienda que la resuelva con la mayor celeridad posible, «porque para muchas personas supondrá poder vivir en unas condiciones dignas».
Gámez recordó que esta convocatoria salió adelante por el trabajo del grupo municipal socialista y que era una de las medidas más sociales e igualitarias que incluía el PSOE en su programa para las pasadas elecciones municipales. De esta forma, las comunidades de propietarios solo tendrán que hacer una mínima aportación en un periodo máximo de 10 años que irá del 10% al 90% del coste de la obra en función a las condiciones de salud y económicas de los residentes. «En aquellos bloques donde haya más personas en situación de discapacidad o dependencia y a menor renta, mayor será la ayuda municipal para contrarrestar un problema que tiene esta ciudad» .
La convocatoria recogía, entre otros requisitos, que los edificios deben tener más de 35 años y más de tres plantas y las comunidades de propietarios debían acordar en junta presentarse a la convocatoria y presentar un presupuesto del coste de la instalación. Además, se puntuarán las solicitudes en función de que, al menos, el 50% de los vecinos tenga una edad media superior a los 65 años, existan residentes con alguna discapacidad legal reconocida o en situación de dependencia, o que los ingresos del 50% de la vecindad estén entre el 1,5 y el 2,5 del valor del IPREM de 2014 (7.455,14 euros anuales).
