Mano dura. El tribunal del caso Malaya va a recibir entre esta semana y la que viene a los 18 condenados en el marco de la trama de corrupción a dos años o menos de cárcel y multa, un grupo que, en principio, evitará la prisión. Sin embargo, fuentes de la Sala aseguraron a este periódico que sólo evitará entrar en un presidio, con la correspondiente sustitución de la pena de privación de libertad por multa, el que pague. Para ello, estas fuentes hablaron de una especie de «hipoteca» , o severo plan de pagos, para corroborar que no se va a pasar ni una a nadie.
Así, por ejemplo, la Sala se reunió ayer con el abogado de Sabino Falconieri, sentenciado a 10 meses y a multas que suman 2,2 millones de euros. En este caso, se le va a sustituir la pena por una cuota diaria durante diez meses de 30 euros, y además tendrá que pagar mensualmente una alta suma del sueldo que ingresa, amén de consignar una importante cantidad inicial, que deberá salir de la venta de la vivienda.
En general, fuentes de la Sala indican que «no se va a sustituir la condena si no se paga nada, de forma que si alguien tiene que perder la casa para pagar las sanciones tendrá que venderla». «Hay que pagar o no se dará la sustitución por multa», precisan. Ayer también pasó por la Audiencia Provincial para elaborar la «hipoteca» de pago Pedro Peña.
Esto significa que a lo largo de los próximos días pasarán por la Sección Primera para hablar de sus condiciones de pago los 18 encausados que, en principio, se libraron de la cárcel por tener dos o menos. La mano dura es evidente, puesto que el tribunal considera que el daño hecho a Marbella sólo puede resarcirse económicamente y su idea es reunir todo el dinero posible en el menor periodo de tiempo factible con el fin de que el Ayuntamiento pueda recibir algo de lo saqueado.
No se van a aceptar calendarios de pago de cuatro o cinco años, sino que todo habrá de abonarse en un año y medio o dos, y los afectados deberán demostrar inequívocamente su intención de pagar y consignar para empezar importantes sumas de dinero. De hecho, hay quien ya lo ha hecho (uno de ellos 300.000 euros y otro 100.000, cuantías insuficientes para el tribunal).
En el grupo de 18 sentenciados a dos años o menos de cárcel están, por ejemplo, el expresidente de Aifos, Jesús Ruiz Casado (un año y diez meses de cárcel y 2,2 millones de euros de multa) o el expresidente del Sevilla Fútbol Club, José María González de Caldas (seis meses y 30.000 euros). Hay quien sabe que no entrará, como Rafael Gómez Sandokán, a quien se le impuso una pena de 150.000 euros por cohecho e Ismael Pérez Peña, empresario con una sanción idéntica a la del cordobés.
Por otro lado, la intención de pagar será decisiva (acudiendo incluso a embargos), pero la Sala estudia ya cuáles son los antecedentes penales de estos dieciocho encausados y si tienen muchas causas pendientes, dado que ello también se tendrá en cuenta en la ecuación que decidirá su destino carcelario.
En cuanto a dos de los que continúan sin entrar en prisión, Celso Dema y Rafael Calleja, la Sala dejará a los forenses para que determinen si pueden ingresar o no. Ellos quieren que los vean en los hospitales en los que están ingresados, pero el tribunal pretende que sean reconocidos en las dependencias del IML, en la Ciudad de la Justicia. Si, finalmente no son explorados, se decidirá en base a lo que digan los forenses sobre la documentación médica entregada por sus abogados.
Massimo Filippa entrará a prisión en Italia, mientras que Andrés Liétor, empresario socio de Carlos Sánchez, está declarado en busca y captura tras una orden internacional.
