En marzo de 1999, hace ya 17 años, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, que entonces dirigía el actual alcalde, Francisco de la Torre, acordó la expropiación de dos fincas en la calle Pacífico, (5.750 metros) necesarias para el proyecto del paseo marítimo de Poniente, en el tramo Antonio Molina-Espigón de la Térmica y para el acceso al puerto por esa zona.
Un año después, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa fijó el justiprecio de las fincas. En ambos casos era similar al estipulado inicialmente por la Gerencia de Urbanismo, que fijó el valor en 10.435.988 pesetas de las de entonces (62.721 euros) para la primera y en 12.7662.420 pesetas (76.102 euros), para la segunda.
Ocupación
El Ayuntamiento procedió a la ocupación de las fincas y a su entrega al Estado para la ejecución de las obras programadas. La Gerencia de Urbanismo, como es de ley, también quiso abonar el precio de las expropiaciones, pero el propietario de las fincas no compareció, así que siguiendo los trámites establecidos en la Ley de Expropiación Forzosa el dinero fue consignado en la caja general de depósitos del Ministerio de Hacienda.
¿Pero de quién eran propiedad esas dos fincas expropiadas? De la Diputación de Málaga, presidida entonces, y ya en sus últimos meses, por el popular Luis Vázquez Alfarache.
El caso es que ningún representante de la Diputación se presentó a cobrar el dinero fijado por el coste de las expropiaciones en el año 2000.
Pero tampoco lo ha hecho durante los siguientes 16 años. ¿Desconocían en la Diputación Provincial que la entidad era propietaria de esos suelos expropiados? Este aspecto no está claro.
Lo cierto es que la historia se va a resolver ahora, 17 años después, que es cuando la Diputación va a poder cobrar el dinero de las dos fincas expropiadas en 1999, ya que ni entonces ni en los años siguientes reclamó ese dinero al no tener constancia cierta de que las fincas eran suyas.
Será en el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo a celebrar la próxima semana donde se liquide finalmente este asunto aprobándose el pago a la Diputación del dinero de las expropiaciones.
El dinero ha seguido consignado en la caja general de depósitos del Ministerio de Hacienda. Y es que no fue hasta los primeros meses de 2015 cuando la Diputación se dio por aludida y presentó en la Gerencia de Urbanismo una nota simple del registro de la propiedad que constata que la finca 20.480 está inscrita a su favor.
Expropiadas
La finca número 20.480 se corresponde, salvo una pequeña parte, con las dos que fueron expropiadas en 1999. Ha habido que esperar 17 años pero al fin el misterio de la propiedad de esas fincas se ha aclarado. Las fincas ya tienen dueño.
Como resultado de todo, en el próximo consejo rector de la Gerencia de Urbanismo se procederá a aprobar el pago a la Diputación Provincial de la cantidad resultante (un total de 130.021 euros). Es algo menor al dinero inicial (138.800 euros), ya que también se ha visto recortada en algunos metros la superficie total que corresponde a la suma de las dos fincas. Pero gracias a ello, Urbanismo va a recuperar 8.802 euritos, que no vienen nada mal en estos tiempos.
