La defensa de Juan Antonio Roca elevó en abril un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que pedía un interlocutor para negociar un acuerdo global en las más de 120 causas que tiene abiertas por convenios urbanísticos. Esto hubiera supuesto que el exasesor urbanístico se declarase culpable a cambio de rebajas en la pena y las multas a imponer, así como un auténtico ahorro al erario público al no celebrarse esa cifra de juicios, pero el ministerio fiscal ha dicho que no y, a cambio, le propone al Jefe negociar acuerdos en cada una de las piezas abiertas.
La petición de Roca también habría redundado en beneficios penitenciarios, pues podría haber acumulado la totalidad de las causas que arrastra y por las que cumple prisión y las que le quedan, aunque hubiera supuesto tirar de la manta y llevarse por delante a los empresarios y concejales que están acusados en esos procedimientos, la mayoría de ellos por malversación de fondos públicos durante los años del gilismo en Marbella. De hecho, recientemente sus abogados presentaron un escrito sobre su situación judicial para que la Sección Primera, que lo enjuició en la operación Malaya, para que se le acumularan las condenas firmas que ya cumple, lo que sí se le concedió por el tribunal presidido por José Godino.
Así, la Sala acumuló cinco de esas condenas y le refundió las penas impuestas, de forma que, como marca la ley, no podrá cumplir más de 20 años de cárcel, en lo que supone un trámite ineludible para poder disfrutar desde ya de beneficios penitenciarios.
Roca lleva diez años y tres meses entre rejas, desde que fuera detenido en el marco de la operación Malaya el 29 de marzo de 2006. En ese caso, se le impusieron 17 años de cárcel, frente a los tres años de Minutas; en Saqueo 1 fue sentenciado a seis años y diez meses; a nueve meses en Belmonsa y a 15 días en un asunto menor.
Todas estas piezas se acumularon, sumando por tanto 27 años y siete meses de prisión. Al ser la pena mayor impuesta hasta el momento de siete años por blanqueo de capitales, el triple de la misma serían 21 años, una cifra superior al genérico previsto en la legislación española, y en ningún caso lo podrá sobrepasar por más sentencias que caigan, lo que hace difícil comprender la decisión de la Fiscalía General del Estado, sobre todo porque un juicio pequeño cuesta una media de 2.800 euros, con lo que el gasto público se dispara con los procesos de esta naturaleza.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria manifestó en algunas de sus resoluciones que los permisos dependerían del pago de las responsabilidades civiles -ha pagado más de nueve millones de euros- pero también de la refundición a la que accedió la Sala.
El tribunal recordó que Malaya fue la causa principal en la que se vieron los delitos más importantes cometidos por el exasesor de Urbanismo de Marbella, y que la administración judicial sigue gestionando su inmenso patrimonio para poder seguir pagando, precisamente, esas sanciones económicas. Asimismo, a Roca se le computaron los 1.431 días que estuvo en prisión preventiva.
Todo ello significa que, más pronto que tarde, Juan Antonio Roca deberá disfrutar de su primer permiso penitenciario, pero tendrá que seguir asistiendo a juicios prácticamente en los próximos diez años, dado el enorme trabajo que ha dado Marbella a la Fiscalía Anticorrupción desde mediados de la pasada década.
En uno de los juicios, Roca llegó a quejarse de que el asesino de la pequeña onubense Mari Luz Cortés disfrutó de permisos mientras que él aún no ha salido de la cárcel pese a que sus delitos son de naturaleza económica.
