­Calles hundidas bajo el lodo y amplias superficies de tierra simulando piscinas infinitas. Después del desmadre del pasado domingo, ayer empezó a conocerse la amplitud del temporal que golpeó en cifras. El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, realizó ayer a través de sus peritos una primera valoración en la que se estima que durante los próximos días recibirán entre 5.000 y 6.000 solicitudes de indemnización por parte de personas físicas y jurídicas, de las que el 50% corresponderán a partes de viviendas y comunidades de propietarios, otro 25% a vehículos automóviles y el 25% restante a comercios e industrias. El coste total podría estar en el entorno de 22 a 25 millones de euros, según apuntó el director de operaciones del CCS, Alejandro Izuzquiza, que no obstante invitó a tomar estas primeras cifras con cautela al ser fruto de un examen muy preliminar.

El Consorcio recibió en la jornada de ayer las primeras 625 solicitudes de indemnización desde Málaga. El 65% a través de su centro de atención telefónica (902 222 665 y 952 367 042, y que permanecerá abierto los días 6 y 8 de diciembre) y el otro 35% a través de su web. Por tipo de riesgo inundado, estas primeras 625 solicitudes se desglosan en 366 de viviendas y comunidades de propietarios; 129 de comercios y oficinas; 120 de automóviles; y 10 de industrias. Por localidades, destacan Marbella (210 solicitudes), Estepona (93), Mijas (79), Málaga capital (72), Manilva (51), Alhaurín de la Torre (40) y Cártama (27).

Izuzquiza dijo que el CCS, que cubre situaciones de daños a la que no llegan las pólizas de las aseguradoras como es el caso de las originadas por fenómenos atmosféricos extremos (excluido el ámbito agrícola, que no entra en sus competencias), tiene previsto desplegar por Málaga unos 80 peritos que se irán desplazando a las zonas afectadas conforme lleguen las solicitudes de indemnización. Las más sencillas podrían dar lugar al pago de indemnizaciones en plazos de 10 días mientras que las más complejas pueden tardar en resolverse unos tres meses, según indicó. El requisito para los solicitantes es tener el bien asegurado mediante su correspondiente póliza y estar el día en el pago. La solicitud la puede hacer el propio asegurado afectado o hacerlo a través de su compañía o agente de seguros.

Aunque con posible proyección al alza, por lo pronto, ayer se supo también que 19 municipios de la provincia pedirán compensaciones al Gobierno central para resarcirse de los daños provocados por la tromba de agua. En concreto, se trata de Estepona, Manilva, Casares, Marbella, Málaga, Mijas, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Álora, Alozaina, Benahavís, Cártama, Casarabonela, Coín, Colmenar, Fuengirola, Guaro, Istán y Villanueva de la Concepción. Todos integrados dentro del Plan Provincial de Emergencias ante Riesgo de Inundaciones. A esta lista de damnificados hay que sumar, también, las más de 200 comunidades de vecinos que se reparten por la Costa del Sol y que se han visto dañadas por las aguas torrenciales (principalmente en Marbella, Estepona, Manilva y Casares), según las primeras estimaciones realizadas por el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, tras mantener contactos con distintos ayuntamientos.

Con este trasfondo, en plena resaca tras un domingo frenético centrado en exclusiva en las labores de rescate pertinentes y en garantizar la seguridad de los ciudadanos afectados, las distintas administraciones y el CCS abordaron ayer los efectos del temporal y explicaron los pasos a dar para que tanto ayuntamientos como particulares se puedan agarrar a las diferentes vías de ayudas económicas que se abren ahora con el fin de resarcir los daños producidos por la tromba de agua.

La secuencia se repite y, como en anteriores diluvios, la fórmula ineludible a abordar por los interesados pasa ahora por dejar que los técnicos valoren con precisión los alcances económicos para, acto seguido, poder recibir las correspondientes compensaciones que tendrán que pasar previamente el tamiz del Consejo de Ministros. «Paciencia» y «rigor» fueron las dos palabras que más repitió, precisamente, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, que ejerció de anfitrión para una primera reunión técnica que tuvo lugar ayer en la sede de la subdelegación en el paseo de Sancha, y en la que se negó a especular sobre las cantidades concretas que pondrá sobre la mesa el Gobierno.

Asistieron, además de los representantes de los 19 municipios mencionados, el delegado territorial de Agricultura de la Junta, Javier Salas, y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo. Quiso trasladar Briones en su comparecencia, sin embargo, el compromiso «claro y firme» por parte del Ejecutivo para poner en marcha un plan de ayudas específico para las zonas afectadas. Así se lo habría trasladado también el delegado del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un contacto permanente con la subdelegación desde que se decretara el estado de emergencia. Tras congratularse por la perfecta coordinación entre las diferentes administraciones -las acciones de rescate han incluido a Gobierno central, Junta de Andalucía y Diputación­-, Briones desglosó el primer parte de guerra. Aunque durante el día de ayer continuaron las labores de limpieza en los puntos más afectados, el balance provisional del lunes fue el siguiente: 1199 incidencias, 500 profesionales movilizados, 77 personas evacuadas de sus hogares, diez cortes de carretera, precipitaciones de hasta 265 litros por metro cuadrado en Marbella y una persona fallecida por ahogamiento en la provincia.

Briones, que luego se reunió con los representantes de los 19 municipios en cuestión para explicarle los pasos a dar, insistió en que ahora toca dejar que trabajen los técnicos para que puedan valorar con exactitud los daños y, así, trasladar las cifras concretas al Gobierno central. Consciente de la urgencia, aseguró que se intentaría acortar los plazos todo lo posible, pero también advirtió que hay que afanarse en recoger los daños con precisión y rigor. «No debemos precipitarnos ahora, tenemos que recabar con rigor todos los datos posibles y elaborar un informe de evaluación y valoración de daños para presentarlo en todos los casos de reclamación de ayudas. En este sentido, recordó que el Gobierno ya había remitido a todos los ayuntamientos una carta, recordando la viabilidad de solicitar ayudas en estos casos. Preguntado por el posible mal estado de la red pluvial, Briones aseguró que ahora es el momento de arrimar el hombro y no vale precipitarse hacia un debate en torno a la capacidad de respuesta de las distintas administraciones.

Por su parte, Bendodo informó sobre la puesta en marcha de una oficina de daños que servirá como punto de acudida a los ayuntamientos afectados, y desde la que se tratará de canalizar todas las demandas sobre ayudas al temporal. «Lo que nos corresponde ahora como Diputación, es ayudar cuanto antes», indicó. En cuanto a los desperfectos, llamó especialmente la atención el destrozo provocado en la red provincial de carreteras, y que Bendodo cifró en unos cuatro millones de euros.

A la espera de que baje el nivel del agua y que vuelva la normalidad a aquellas zonas de campo todavía intransitables se encuentra la Delegación de Agricultura de la Junta. Su delegado en Málaga, Javier Salas, informó que los técnicos de la Junta llegarán a la provincia en los próximos días.