De los 66 desfibriladores que hay operativos en diferentes dependencias municipales de la capital, 15 no funcionan porque no tienen baterías o porque éstas están caducadas. Así lo denuncia el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) de Málaga, cuyos responsables aseguran que el resto de aparatos de reanimación tampoco deberían usarse porque el personal encargado de ello no ha recibido la formación que exige la ley.

El SAB recuerda que la Unidad Médica del Real Cuerpo de Bomberos es la encargada del mantenimiento de las máquinas que hay repartidas por la Policía Local (11), Protección Civil (8), parques de bomberos (4), servicios sociales (11), bibliotecas (18) y otras dependencias (14), pero los agentes no tienen recursos para ello. «La falta de inversión y de interés es evidente. Las baterías se consumen y no hay repuestos, y si a eso se une la falta de formación estamos en condiciones de afirmar que Málaga es una ciudad cardioprotegida de cascarilla», afirman desde la organización sindical. Desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento, sin embargo, no están de acuerdo con la queja de los bomberos. Fuentes de este departamento entienden que los 15 desfibriladores a los que se refiere el sindicato sí funcionan, pero que las baterías hay que cambiarlas porque ya están cerca de su fecha de caducidad. En un informe reciente del propio área, el epigráfe relacionado con las baterías asegura que esa quincena de pilas hay que cambiarlas «sin retraso por caducidad y agotamiento». Además, recuerdan que hay seis dispositivos de reserva y no les consta que se estén utilizando para sustituir a los anteriores. También se advierte de que cinco baterías caducarán entre abril y mayo del próximo 2017, 45 saldrán de fecha entre agosto y noviembre.

No es la única reclamación de la sección malagueña del Sindicato Andaluz de Bomberos. El pasado 12 de diciembre solicitó por escrito al jefe de Servicio, José Cruz, que se suspendan todos los trabajos de altura, ya que tanto las cuerdas como el material que hay en las mochilas de rescate no son revisadas, tal y como exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.