­A menos de cuatro meses para que finalice el contrato con Limasa para el servicio de limpieza de la ciudad (marzo de 2017), y sin una decisión tomada sobre el futuro que debe seguir el servicio, si con un modelo de gestión privado o público, el alcalde, Francisco de la Torre, apremiado por el tiempo ha decidido reactivar el proceso de negociación, tanto con los representantes de la plantilla de Limasa como con los grupos políticos municipales. Con el comité de empresa lo ha hecho reuniéndose de manera reservada con su presidente, Manuel Belmonte, en dos ocasiones, la última hace escasas fechas; en el plano municipal, el martes 13 se reunió con la portavoz del PSOE, Mari Carmen Moreno, y ayer viernes con los portavoces de Málaga Ahora y de IU Málaga para la Gente. A todos les transmitió que su primera opción es municipalizar la empresa, pero que es necesario que la plantilla acepte las condiciones laborales diseñadas en una propuesta de convenio y, en especial, un plan de productividad por el que los trabajadores ligarían una parte de su salario a la consecución de mayores prestaciones de servicio.

A esta propuesta de nuevas condiciones laborales planteada por la empresa y el Ayuntamiento ha respondido el comité de empresa con una contra propuesta, que le fue entregada al alcalde el pasado 23 de noviembre, según la documentación a que ha tenido acceso La Opinión de Málaga. En esa contraoferta los trabajadores señalan las condiciones a las que estarían dispuestos a someterse, siempre en el caso de que la empresa se municipalice y, en concreto, aceptan someterse a un plan de productividad, pero con una cantidad muy inferior a la planteada por el Ayuntamiento y ligada exclusivamente a la asistencia al trabajo.

Según ha podido recabar este periódico, el principal obstáculo para conseguir un acuerdo entre empresa y comité que lleve a la municipalización de Limasa está centrado en el plan de productividad. La diferencia entre los criterios y las cantidades a aplicar a este plan son grandes y tienen las negociaciones en punto muerto.

La propuesta municipal plantea una productividad valorada en 2.862 euros, a abonar en dos pagas iguales de 1.431 euros. Su abono estaría condicionado al cumplimiento de unos criterios con tres puntos básicos: reducción del absentismo, eficiencia en el trabajo y calidad en los trabajos realizados.

La propuesta del comité valora la productividad en 323,8 euros, condicionados exclusivamente a la asistencia al trabajo (si se acude a trabajar se cobra, sino, no). Se pagaría en doce mensualidades. Además estos 323, tendrían la recuperación del 1,5% de la subida salarial de 2012 repartida en un 0,5% entre los años 2017, 2018 y 2019.

Hay otras diferencias que separan a ambas partes, pero que pueden ser resueltas en una negociación. Así, la propuesta municipal plantea que las vacaciones anuales sean 30 días, mientras que el comité defiende que se mantenga la situación actual de 36; en cuanto a la incapacidad temporal, el Ayuntamiento plantea no abonarla por encima de la Seguridad Social, mientras que el comité reclama que se siga como hasta ahora y complementarla hasta 100%; en cuanto a la cesta de Navidad, el Ayuntamiento plantea su eliminación y el comité que se mantenga o que se pague a los trabajadores la cifra en la que está valorada. En cuanto a la duración del convenio, el Ayuntamiento quiere al menos cuatro años y el comité, tres.

Sí hay acuerdo en cuanto a las 37,5 horas de trabajo, 2,5 más que hasta ahora y que el comité valora en 4.067.291 euros; también en que la subida salarial sea la que fijen los Presupuestos Generales del Estado.