El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ante la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que se desplacen a Málaga y Sevilla sus dos secciones penales de próxima creación, ha afirmado que «Granada debe ser la sede judicial del TSJA».

En declaraciones a los medios en un acto en Chiclana de la Frontera (Cádiz), facilitadas por la Consejería, Jiménez Barrios señaló la postura de la Junta y la que hará llegar al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, es que «Granada debe ser la sede judicial del TSJA». Además, el vicepresidente del Gobierno andaluz consideró «fundamental» no abrir conflictos que son «absolutamente innecesarios».

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, también puso en cuestión ayer las 'candidaturas' de Málaga y Sevilla, al afirmar que no existen «circunstancias objetivas» que justifiquen que se desplacen las dos secciones penales de próxima creación a estas ciudades, al considerar que supondría una decisión «prematura e injustificada».

Del Río realizó esta reflexión después de que el pasado martes la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acordara proponer que se desplacen a estas provincias estas dos secciones de nueva creación, asegurando la dotación «suficiente» de magistrados y medios en la Sala Civil y Penal y en las secciones desplazadas.

A preguntas de los periodistas, Lorenzo del Río se mostró contrario a abordar este asunto como un debate «localista o territorial» por entender que una decisión «de esta trascendencia» solo puede basarse en una mayor eficacia en la dotación del servicio judicial.

Para el presidente del alto tribunal andaluz, la entrada en funcionamiento de estas dos secciones penales debe ser de forma «escalonada» en función de la previsible entrada de asuntos. Por tanto, lo razonable a su juicio es que se constituyan en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, en lo que supone una ampliación de sus competencias, lo que además evitaría a su juicio gastos innecesarios.

La opinión de Del Río, que contrasta abiertamente con la de los colegios de abogados, colectivos y políticos de Málaga y Sevilla, no fue la única que se escuchó ayer en contra del eventual traslado. Fundamentalmente en la provincia teóricamente perjudicada por el movimiento, Granada, con el presidente de la Diputación, José Entrena, a la cabeza. «Le pedimos al Consejo General del Poder Judicial que sea sensible y atienda la petición unánime de que Granada albergue las nuevas salas, algo que justamente le corresponde», abundó.

En la misma línea se expresó el PSOE de esa provincia. «El desmembramiento del TSJA dejaría vacía de contenido su sede de Granada y quebraría un acuerdo histórico», abundó la socialista Teresa Jiménez. La secretaria provincial del partido coincidió con Del Río en señalar que en su opinión «no existen motivos objetivos» para que se produzca el traslado y alertó de las consecuencias negativas que conllevaría, que supondría, reseñó, «un agravio para Granada».

La judicatura malagueña, en cambio, a la que se unen políticos como el alcalde, Francisco de la Torre, entiende que la reivindicación es más que justa dada la complejidad y el volumen de expedientes que se atienden anualmente en la provincia.