13 de junio de 2017
13.06.2017
Subvenciones

La Junta abre la puerta de las ayudas por turismo a los pueblos de menor población

La normativa de municipios turísticos rompe su anterior limitación para permitir la candidatura de los puntos con menos de 5.000 habitantes

13.06.2017 | 22:27
Vista de la playa de El Bajondillo de Torremolinos, una de las localidades que deberán renovar su acreditación.

Casares, Estepona o Manilva: algunos casos fuera de la lista

  • Casares, Mijas, Estepona, Benahavís o Manilva son algunos de los municipios que, pese a su solvencia turística, no cuentan todavía con la declaración oficial expedida por parte de la Junta de Andalucía. Se trata de poblaciones menores de 100.000 habitantes y con capacidad más que contrastada para responder a las demandas que plantea la normativa. Incluida la que exige contar con inversiones previas y en vigor relacionadas con la industria. La acreditación como municipio turístico supone ayudas que, más allá de la aportación presupuestaria directa, conllevan apoyo para la promoción y un estatuto diferenciado respecto al resto de localidades andaluzas. De acuerdo con el Gobierno andaluz, las nuevas reglas del juego favorecerán la incorporación al inventario de un número mayor de localidades. El hecho de contar con atractivos catalogados a nivel monumental o formar parte de un paisaje natural protegido también computa a la hora de obtener la acreditación, lo que aumenta las posibilidades de los puntos con menor población.

Las localidades ya incluidas en el listado –cinco en la provincia –tendrán dos años para adaptarse a los cambios - El presupuesto total será de 2,9 millones a repartir en dos años.

La Junta de Andalucía decidió ayer reformular su normativa sobre municipios turísticos para ampliar el acceso a los beneficios que comporta la declaración oficial, que, hasta ahora, excluía a las localidades menores de 5.000 habitantes. Los cambios, aprobados en el primer Consejo de Gobierno celebrado con el nuevo equipo al completo de Susana Díaz, abren la puerta de entrada a la categoría a localidades como Ojén, Ardales y Frigiliana, al tiempo que obliga a los ayuntamientos ya incluidos en la lista –un total de cinco en la provincia de Málaga– a readaptarse en un plazo de dos años a las nuevas reglas del juego, que prescriben más obligaciones en cuanto a compromiso de promoción.

Según explicó el Gobierno andaluz, la modificación irá acompañada de una dotación de 2,9 millones de euros, de los cuales, la mayor parte, alrededor de 2,2, serán dispuestos este curso y el resto en 2018. Con esa cantidad se intentará dar respuesta al grueso del apoyo que acompaña el título, creado para ayudar a los municipios a afrontar el gasto extra de recursos que presume el turismo y las grandes bolsas veraniegas de población flotante. Una vez consumados los cambios, la figura se ensancha, dejando únicamente fuera de rango a las poblaciones con más de 100.000 habitantes, que tampoco podían anteriormente acogerse a la solicitud.

Los requisitos para obtener la acreditación atienden el criterio poblacional, pero también, como es lógico, al índice de desarrollo de la actividad turística, que en este caso se evalúa a partir de datos objetivos como las estancias en alojamientos y la afluencia de viajeros. En lo que respecta a las pernoctaciones, el requisito es sumar un volumen que, al menos durante tres meses, supere en un 1o por ciento al total de residentes. Un enfoque muy parecido al que afecta al recuento de viajeros, en el que la exigencia es quintuplicar un mínimo de 30 días al año a los habitantes inscritos en el censo.

A estos condiciones, ya previstos en la anterior versión, se unen demandas relacionadas con la competitividad como tener al día el planeamiento urbanístico y haber impulsado planes vinculados a la promoción y la mejora de los servicios y el patrimonio. En teoría, las cinco localidades malagueñas que cuentan con la declaración, Benalmádena, Fuengirola, Nerja, Ronda y Torremolinos, no deberían tener ningún problema para renovar el título, ya que todas, sin excepción, cumplen sobradamente con las exigencias de la administración pública.

En total, son veinticuatro los municipios que cuentan con este categoría. Poco menos del 3 por ciento del conjunto de la comunidad. El pronóstico apunta a un incremento progresivo de las solicitudes. Especialmente, procedentes de los pueblos con menor peso demográfico, que quedaban al margen. Hasta esta nueva actualización, la Junta entendía que estas localidades ya contaban con el respaldo específico de otras instituciones como las diputaciones y las mancomunidades. Una apreciación que no es precisamente la que inspira la modificación de la ley, que deja la opción de pedir la acreditación en manos de los propios ayuntamientos. Puntos como Ardales, con sus cuevas prehistóricas, Frigiliana u Ojén, podrán a partir de este momento presentar y argumentar sus solicitudes.

Las zonas vinculadas a la economía turística llevan años demandando mayor apoyo a administraciones como el Gobierno o la Junta, a las que reclaman un trato privilegiado dada las necesidades especiales que plantea la llegada de miles de turistas. Una ampliación del volumen de residentes fácil de predecir en las localidades más vinculadas al sector del sol y playa. Y que cada verano representa una mayor presión para los recursos y servicios.

Tanto las nuevas candidaturas como las peticiones de renovación serán evaluadas por una comisión de auditoría específica dedicada a estudiar cada caso y verificar si cumple con los requisitos planteados por la Junta de Andalucía. Entre los factores a tener en cuenta, figura también el despliegue de oficinas e infraestructuras.

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