03 de diciembre de 2017
03.12.2017
Parlamento

El PSOE ve "indecente" que el Gobierno excluya a Andalucía del decreto de sequía

04.12.2017 | 07:34

Los diputados socialistas por Málaga, Miguel Ángel Heredia y por Sevilla y coordinador de la Interparlamentaria de Andalucía, Antonio Pradas, han calificado como "indecente" que el Gobierno central haya excluido a Andalucía del Decreto y del Proyecto de ley sobre medidas para paliar la sequía, "pese a que las cuencas andaluzas acumulan ya dos meses en situación de emergencia".

Pradas y Heredia han recordado que el Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso presentó una enmienda que fue aprobada para ampliar el decreto de las tres cuencas iniciales -Júcar, Segura y Duero- a todos los territorios afectados -incluido Andalucía-. Dentro del artículo 1 en un nuevo apartado 5, aunque "el PP votó en contra de esta enmienda socialista".

Asimismo, han indicado que "otra enmienda a la que el PP se ha opuesto, en este caso con el voto también negativo de Ciudadanos, ha sido reducir el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios afectados por la sequía", por lo que "esta propuesta socialista no ha salido adelante".

Pradas y Heredia han señalado, en un comunicado, que "es casi imposible reunir las 35 peonadas para percibir el desempleo agrícola y el Gobierno de Rajoy no tiene el más mínimo interés en evitar la miseria y las dificultades de miles de trabajadores del campo andaluz".

Al Decreto se presentaron un total de 33 enmiendas, de las cuáles 21 fueron socialistas y de ellas se aprobaron 18. En este punto, han señalado que "las más importantes", además, de la citada de ampliar el ámbito territorial para incluir otras zonas afectadas por la sequía, son, entre otras, crear un fondo extraordinario dotado inicialmente en 1.000 millones destinado a financiar medidas de ayuda para compensar las pérdidas producidas y para la compra y transporte de alimentación en las explotaciones ganaderas afectadas

También han citado establecer una línea preferencial de créditos ICO por un importe de otros 1.000 millones de euros, modulando las condiciones en favor de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, de jóvenes y mujeres.

Además, el reforzar las medidas de carácter fiscal, en relación con el IRPF, a la exención del IBI rústico y a la aprobación de moratorias a la Seguridad Social; y modificar la ley del sector eléctrico para reducir los costes energéticos para los regadíos, fomentando el autoabastecimiento eléctrico y flexibilizando las condiciones de contratación del suministro eléctrico, "adaptándolas a sus necesidades reales y adecuando la facturación a lo que realmente se demanda". No obstante, han matizado, que "a pesar de defenderlo en nuestras enmiendas, no hemos conseguido la reducción al diez por ciento del IVA de la electricidad para el riego".

Los diputados socialistas también han valorado el recuperar la aportación de la AGE al Plan Nacional de Seguros Agrarios, "reponiendo los 300 millones de euros que el Gobierno redujo, y adoptar las medidas necesarias para garantizar la tramitación urgente y el pago inmediato de las pólizas de siniestro presentadas".

Asimismo, han enumerado, entre otras, el "impulsar la formalización de convenios con las entidades financieras que gestionan las ayudas de la PAC para propiciar un adelanto de los pagos, que dicho adelanto se realice a coste cero para los agricultores y ganaderos y que flexibilice, en la medida de lo posible, los requisitos y condiciones que han de cumplir para obtener ayudas derivadas de la PAC.

Han citado, de igual modo, el aprobar, con carácter urgente, un plan de choque de optimización de la desalación y habilitar los mecanismos de subvención necesarios "a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,3 euros/metro cúbico"; así como el proceder a la creación de un banco público del agua en cada una de las cuencas hidrográficas existentes, con el fin de posibilitar la disponibilidad de agua con fines de interés público.

Por último Heredia y Pradas han destacado el modificar la ley de Economía Sostenible con el fin de "fomentar inversiones para la mejora de la eficiencia energética en los regadíos y maquinaria agrícola y la sustitución de fuentes convencionales por fuentes renovables en instalaciones agrarias, incluyendo instalaciones de autoconsumo, tanto eléctrico como térmico, así como uso de combustibles alternativos"; y también impulsar campañas de sensibilización con el fin de implicar a los ciudadanos en un cambio de hábitos y en la adopción de nuevos valores entorno al uso del agua, han concluido.

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