El director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera, aseguró ayer ante la jueza del Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga que no ocultó información para conseguir ayudas para un centro de innovación y que su única intención fue la de sacar adelante el proyecto.

El juicio comenzó ayer en la Ciudad de la Justicia de Málaga y Romera está siendo juzgado junto con otras cinco personas por las presuntas irregularidades en subvenciones a la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos (Fibic), en concreto para un centro de innovación denominado Cibic.

Durante su declaración, Romera aseguró que no ha cometido irregularidades y que, cuando llegó a la fundación, se encontró con un edificio que estaba a medio construir y que se le pidió ayuda para buscar una salida para seguir adelante con el proyecto. Romera precisó que tras estudiar la situación, se planteó varias soluciones para darle una solución al edificio.

Subrayó que tenía interés en lograrlo porque era «una locura» dejar el edificio como estaba, así que planteó como mejor solución pedir una subvención extraordinaria de 11,5 millones de euros, ya que «era la más viable». El director del PTA insistió en diferentes momentos de su declaración en que todo lo que se hizo fue legal y que no se ocultó información, porque todo se tramitó según la ley y que incluso se declararon los reintegros, sin que la ley de subvenciones lo pida. Asimismo, aseguró que todo lo que hizo fue por compromiso público y que no cobraba nada como presidente de la fundación.

En el banquillo de los acusados también está el ex secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología, Francisco Triguero, que también negó haber cometido irregularidades y afirmó que todo se hizo dentro de la legalidad. Indicó que no tenía ningún tipo de interés personal en que se recibieran las subvenciones y «mucho menos contraviniendo cualquier norma de carácter administrativo», al tiempo que insistió en que siempre pensó que «todo era conforme a derecho». Además, explicó que «nunca» pensó que hubiera un conflicto de intereses ya que se pasaron los filtros necesarios. «Yo solo intenté resolver una situación», aseveró.

Triguero relató a la jueza que hubo que cambiar el proyecto inicial del Cibic debido a un problema de cimentación que se detectó al inicio de las obras, y que se dieron diversas circunstancias por las que se modificó una vez más el proyecto.