El pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó ayer por unanimidad instar a la Junta de Andalucía a que lleve a cabo la regulación necesaria para evitar que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) puedan ser inscritas en el registro turístico de Andalucía y ser, por tanto, utilizadas como pisos de esta naturaleza bajo ninguna modalidad, ni siquiera para su alquiler parcial.
La moción, que partió del PP, destacaba que, «recientemente, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha denunciado ante la Junta el caso de una VPO, en concreto de la promoción municipal construida en calle Nosquera, que fue inscrita a comienzos de este mes en el registro de Turismo de Andalucía para poder ser utilizada con fines turísticos».
El IMV recuerda que una vivienda protegida no puede ser una vivienda turística mientras no haya transcurrido el plazo de calificación o se haya descalificado de acuerdo con las causas marcadas por la legislación, «ya que, de acuerdo con la misma, debe usarse exclusivamente para fin residencial que es el motivo para que el que se adjudicó».
«No parece coherente -consta en el texto de la moción- que viviendas de VPO, que cumplen una innegable función social garantizando el derecho a una vivienda a aquellas personas con rentas más bajas, terminen dedicándose a alquiler turístico y, por tanto, convirtiéndose en un negocio», aseguran los populares. Además, insisten, «de ningún modo es lógico, y mucho menos mientras haya miles de malagueños inscritos en el registro de demandantes de VPO, a la espera de poner tener acceso a un inmueble en el que vivir».
Asimismo, se ha conocido que la norma autonómica, una vez hecha la denuncia, sí permite «convertir VPO en viviendas turísticas, si bien establece que no podrá hacerse con toda la casa, sino con sus habitaciones», señaló el PP.
