Los suelos de las dos enormes parcela de La Térmica que acogerán un gran proyecto residencial podrían estar contaminados y, si así lo declarara la Junta de Andalucía, serían los dueños los encargados de pagar el tratamiento ambiental para poder construir, según se desprende de una respuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo a una pregunta planteada por IU-Málaga para la Gente. Los dueños son, por ahora, el fondo de inversión Ginkgo, Espacio Medina y el Ayuntamiento (que tiene en torno al 50% de los derechos).

El plan es construir en las parcelas 600 viviendas de renta libre y otras 273 VPO, un hotel y otras construcciones de usos comerciales, todo ello en una de las zonas más interesantes desde el punto de vista urbanístico de la capital, al lado de la playa de la Misericordia. De cualquier manera, la descontaminación no es el único escollo que queda por salvar, porque el plan está ahora paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en virtud de un recurso contencioso-administrativo de IU-MpG (decisión del 7 de noviembre de 2017). Uno de los dueños recurrió ante el Tribunal Supremo, que aún no ha resuelto al respecto.

En febrero pasado, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente aprobó el deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo litoral de 3.029 metros de longitud, comprendido entre la urbanización Sacaba Beach y la zona de servicio del Puerto de Málaga.

Los dueños de las dos grandes parcelas han cambiado, dado que el fondo Ginkgo adquirió el 46% de los derechos urbanísticos que tenía Nueva Marina Real Estate, la promotora de Endesa, mientras que el resto de los mismos corresponden al Ayuntamiento. Parte de los derechos de Ginkgo los ha compartido el fondo de inversión con la sociedad Espacio Medina, promotora a su vez del proyecto de Martiricos.

Es decir, que, según el documento de la Gerencia de Urbanismo, la descontaminación de los suelos, de ser declarados así por el organismo competente, tendría que ser pagada por el fondo, la promotora y el Consistorio.

Dice Urbanismo en el documento: «Los propietarios de estos suelos, en los que se ha realizado una actividad potencialmente contaminante, estarán obligados a presentar un informe de situación, al solicitar una licencia de obra para los nuevos usos autorizados. Si en base a dicha información, la comunidad autónoma declarara el suelo como contaminado para dichos usos, los propietarios estarán obligados a las actuaciones necesarias para proceder a su recuperación ambiental. Dejará de tener la condición de contaminado cuando sea firme la resolución administrativa que así lo declare», consta en la ficha urbanística relativa a las parcelas «Playa de La Térmica» y «La Térmica».

Y añade: «Por tanto, los procedimientos administrativos previstos para la declaración de suelo contaminado y, en su caso, su recuperación, han de tramitarse de forma independiente a la tramitación del planeamiento de desarrollo pero sin que puedan obviarse los resultados de aquellos». Así, antes del otorgamiento de la primera licencia de obra, «deberá haberse producido la correspondiente resolución administrativa que determine que los suelos en cuestión no tienen la condición de contaminados o que, en su caso, han dejado de estarlo». Sobre la parcela «Playa de La Térmica, no procede descontaminación alguna al tratarse de terrenos de playa que no han sido ocupados en ningún caso por La Térmica», añade Urbanismo.

IU-MpG había pedido todos los informes relativos a la descontaminación de los suelos. En varias comparecencias a lo largo de los últimos años, los ediles de esta formación han señalado que los beneficios que obtendría obtendrían las empresas dueñas de los terrenos de los aprovechamientos urbanísticos (en esos momentos hablaban de Endesa) ascenderían a 158 millones de euros. A esa suma habría que añadir otros 21 millones que logarían las promotoras gracias al deslinde aprobado, que modifica el que se había previsto en 2010, y que permitiría recuperar para la iniciativa privada 20.000 metros cuadrados de suelo, una alegación que, por cierto, echó para atrás Costas. En total, el plan supondrá una actuación sobre una superficie total de 116.000 metros cuadrados.

El TSJA paralizó el plan porque estimó que faltaba un informe o memoria de sostenibilidad económica que no puede ser confundida con un simple informe económico, y que es un elemento sustancial.