­Los juzgados de la provincia de Málaga retienen en sus cuentas de depósito y consignaciones más de 168,6 millones de euros, según los datos últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), números fechados en el primer trimestre de 2018. Además, este montante no deja de crecer, de forma que, comparadas estas cifras con las del primer trimestre del pasado ejercicio (158,1 millones de euros), la subida alcanza el 6,64%.

Este dinero proviene del pago por parte de los ciudadanos de todo tipo de conceptos judiciales que van desde el pago de fianzas de libertad hasta multas e indemnizaciones por responsabilidad civil o de otra naturaleza, subastas y embargos judiciales de todo tipo de bienes, de forma que, desde que un ciudadano, tras ser condenado por un juzgado, lo ingresa en una cuenta, hasta que se produce el pago al afectado se deposita en estas cuentas controladas por las autoridades judiciales. El dinero, claro está, pertenece a procedimientos de todas las jurisdicciones, desde Penal hasta Civil, pasando por Contencioso-Administrativo y Social.

Es un dinero que, por cierto, está bloqueado en el purgatorio judicial y que no baja a la economía real, con lo que ello supondría para muchos particulares y empresas. Muchos han sido los juristas y responsables de la judicatura que han alzado la voz pidiendo reformas que permitan una mayor agilidad en la tramitación de los procesos, porque ello tendría consecuencias inmediatas en el dinero bloqueado que, al ser liberado, engrasaría en ese mismo momento el circuito económico.

Para tomar conciencia del dato malagueño, tan sólo hay que compararlo con otras provincias españolas: así, la Costa del Sol se presenta como la cuarta provincia del país con más dinero retenido por los juzgados en los tres primeros meses de 2018, sólo superada por Madrid (1.526 millones de euros), Barcelona (417,4 millones de euros) y Alicante (más de 174 millones de euros), y seguida muy de cerca por Valencia (156,4 millones) y Sevilla (145 millones de euros), según el CGPJ.

La escalada de este indicador en la provincia desde el primer año efectivo de la recuperación ha sido evidente: en el primer trimestre de 2015, las cuentas de depósitos y consignaciones de la provincia contenían 143,4 millones de euros; en los primeros tres meses de 2016, esta cifra subió hasta los 152,7 millones de euros y en 2017, a 158,1 millones de euros. En 2013, el último ejercicio económico de la recesión, se registraron 175,18 millones de euros, y en los años anteriores, las cifras son mayores al reflejarse la carestía de empleo y económica en las cifras que manejan los órganos jurisdiccionales malagueños y en sus asuntos: en el primer trimestre de 2012, por ejemplo, las cuentas de depósitos y consignaciones arrojaron un saldo de 182,1 millones de euros, en el mismo periodo de 2011, esta cifra era de 215,7 millones, mientras que en 2010 la suma se situó en los 204,8 millones de euros. En 2014, justo cuando la economía española volvía a calentar motores, la cifra consignada en las cuentas de los órganos malagueños fue de más de 151 millones de euros (siempre referidos estos datos al primer trimestre de cada anualidad). Ello podría deberse a los concursos de grandes empresas inmobiliarias y turísticas, expedientes millonarios.

Ello significa que los juzgados malagueños bloquean cada día, al enviarlos a las cuentas de consignaciones y depósitos, más de 462.000 euros.

De cualquier forma, buena parte de los depósitos judiciales se devuelven a los litigantes, aunque sin intereses, o bien van a la parte contraria cuando se dicta una sentencia a su favor. Pero también una parte de esas entregas fluye directamente hacia las arcas del Ministerio de Justicia, como ocurre con aquellos ingresos destinados para interponer un recurso, cuyo fin es disuadir a quienes reclaman sin tener razón, o directamente proveniente de las multas asociadas a los diferentes delitos, por ejemplo los relacionados con la corrupción. Recuerden que el principal procesado del caso Malaya, Juan Antonio Roca Nicolás, exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, debió hacer frente, tras ser condenado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, a multas y responsabilidades civiles millonarias (el dinero del blanqueo de capitales fue al Estado y el de las malversaciones de caudales públicos, al Consistorio marbellero, un montante muy inferior, por cierto). Ese dinero, el reo marbellí lo ingresó en las diferentes cuentas de consignaciones y depósitos.

Pero ello afecta a todas las jurisdicciones, de forma que, por ejemplo, la mayor aportación de dinero judicial a estas cuentas procede de los pleitos entre grandes empresas o de los procedimientos concursales millonarios que tuvieron lugar en la Costa del Sol en los años posteriores al cataclismo económico. Cabe recordar, por ejemplo, el de la empresa promotora y constructora Aifos, que tardó cinco años en ser resuelto siendo luego liquidada la sociedad, o de otras muchas mercantiles ligadas a la hostelería, la venta y el alquiler de coches.

Cuando un proceso concursal se eterniza, lo que ocurre con cierta frecuencia en Málaga porque los dos órganos de lo Mercantil están absolutamente saturados, muchas empresas acaban quebrando. De hecho, las estimaciones de mortalidad empresarial tras un concurso superan ampliamente el 90% según los expertos. Además, el juzgado número 1 de lo Mercantil de Málaga es el más saturado del país y el número 2 va camino de ello.

Por otro lado, miles de euros, tras años congelados en el banco, se quedan en las arcas del Estado porque los ciudadanos, una vez concluido el proceso judicial, no pasan a recogerlo.