La Audiencia de Málaga ha acordado prorrogar la situación de prisión provisional acordada en diciembre de 2016 del entrenador de fútbol de categorías inferiores, acusado de mantener contactos sexuales y conversaciones de esta índole con unos 25 menores a los que entrenaba.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, dictado por la Sección Tercera de la Audiencia malagueña tras la celebración el pasado día 24 de septiembre de una vista, en la que la Fiscalía y las acusaciones particulares que representan a víctimas solicitaron dicha prórroga y la defensa se opuso.
La Sala entiende que se debe mantener la prisión provisional hasta cuatro años "tras ponderar los intereses en juego", entre ellos "la libertad de una persona cuya inocencia en principio se presume y la probabilidad de culpabilidad, que constituye la 'condictio sino qua non' de la adopción y del mantenimiento de tan drástica medida".
Asimismo, se añade en la resolución que lo anterior va "en relación con la gravedad del delito y de las penas para la evaluación de los riesgos de fuga", para lo que habrá que ponderarse, además, las características personales del encartado, su arraigo personal y social, con el fin de posibilitar el enjuiciamiento".
En la vista, las acusaciones instaron al Tribunal a que se prorrogara la situación actual de prisión de este procesado, de 45 años y que será juzgado por estos hechos en enero de 2019 por esta misma sala; teniendo en cuenta la "elevada" pena que pide el fiscal, 100 años de cárcel.
Además incidieron en la naturaleza de los delitos de los que es acusado, que abuso sexual sobre menor, exhibicionismo y provocación sexual, embaucamiento sexual en concurso con pornografía y corrupción de menores; y también al "elevado" número de víctimas, señalando que a los 25 menores hay que sumar tres más a los que no entrenaba.
Pero, sobre todo, las acusaciones entendían que había que prorrogar la situación de prisión provisional del acusado por las características de las víctimas y "su especial vulnerabilidad, al ser menores; así como la especial protección que deben tener".
La Fiscalía solicita inicialmente 100 años y siete meses de prisión para este entrenador de fútbol, en prisión desde diciembre de 2016, al acusarlo de tres delitos de abuso sexual sobre menor con prevalimiento, de 20 de exhibicionismo y provocación sexual, 17 de embaucamiento sexual en concurso con pornografía infantil, dos de acoso sexual y diez de corrupción de menores, algunos en grado de tentativa.
La acusación pública solicita que se le prohíba acercarse o comunicar con las víctimas durante un plazo máximo de diez años y que se le impongan diez años de libertad vigilada, a cumplir una vez termine la pena de prisión que se le impusiera; además de la inhabilitación especial durante 25 años para cualquier profesión u oficio que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad.
Asimismo, se insta a que se le imponga la obligación de participar en programas de educación sexual cada dos años y a que se le prohíba acudir a acontecimientos deportivos o culturales cuando haya menores; apuntando que el máximo de condena será de 20 años y que los beneficios penitenciarios se concedan según la totalidad de la pena que se imponga en la sentencia.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, en el caso de la mayoría de las víctimas, con edades entre once y 16 años en ese momento, el acusado, aprovechando que era su entrenador en categorías inferiores, mantuvo con éstos conversaciones de índole sexual por mensaje, además de que supuestamente les enviaba imágenes de carácter pornográfico. Aunque se sentían "incómodos" y "presionados" con esto, accedían para "no provocar el enfado del procesado".
En el caso de una de las víctimas, de 12 años, los presuntos abusos comenzaron en 2012, realizándole tocamientos y mostrándole vídeos con escenas de pornografía entre adultos cuando iban de viaje con motivo de un partido, aunque en 2016 supuestamente mantuvieron otro contacto y, además, le mandó en varias ocasiones mensajes con imágenes sexuales.
Para el ministerio público, supuestamente estas conductas fueron llevadas a cabo por el procesado "prevaliéndose de su condición de entrenador, haciendo creer al menor que si accedía a sus pretensiones podría jugar en los partidos y ser promocionado en el fútbol".
Asimismo, supuestamente les pedía que le enviaran imágenes de sus cuerpos, "bajo promesa de hacerles capitanes de los equipos" o tener un trato preferente con ellos. Para esta acusación, el procesado hacía esto en ocasiones presuntamente aprovechando que los menores estaban en una residencia deportiva y sus padres se encontraban en otras localidades.
