La escalada de precios que está sufriendo el mercado del alquiler de inmuebles afecta ya a las familias más vulnerables de la ciudad. Así, un informe del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) que hace balance del plan de ayudas al acceso a una vivienda de alquiler a familias en situación o riesgo de exclusión social, que se aprobó en septiembre de 2015, concluye que un total de 870 familias que fueron declaradas en situación y riesgo de exclusión social y, por tanto, reunían las características para ser beneficiarias de las ayudas, no encontraron casas. El periodo de vigencia es de tres años, por lo que ahora ha terminado. Este estudio será debatido hoy en el Consejo Rector del IMV.

Ello se debe, fundamentalmente, a la escalada de precios (más de un 11% entre 2017 y 2018), a la proliferación de viviendas turísticas e, indirectamente, al auge también en el precio de la vivienda nueva.

El plan fue dotado en un principio de 6,58 millones de euros, ampliado luego en dos millones más, hasta llegar a los 8,58 millones de euros. La idea es otorgar una subvención directa, de carácter excepcional, en concurrencia competitiva en régimen abierto, para atender situaciones de emergencia ocasionadas por la pérdida o posible pérdida de la vivienda. Las familias han de reunir dos condiciones para ello: estar declaradas en situación o riesgo de exclusión social por el Comité FRES y tener una propuesta de alquiler de una casa en las condiciones establecidas en las bases, con una renta máxima de 450 euros.

En total, además de abonar el mes de fianza o depósito con un máximo de 450 euros, el pago de parte de la renta de alquiler durante tres años ascendía a un total de 12.150 euros y la subvención total, a 13.050 euros.

Desde la entrada en vigor del plan de ayudas, se han tramitado hasta mediados de septiembre de 2018 2.640 solicitudes: de ellas, en 888 no consta riesgo de exclusión social, en 167 consta que no están en esa situación y de las 1.585 que sí lo están, 716 han sido beneficiarias de la ayuda tras la firma de contrato de arrendamiento (de estas, 640 siguen disfrutando de la subvención y 76 han sido resueltas por adjudicación de vivienda o resolución del Plan de Ayuda al Alquiler), y 870 «reúnen las condiciones para ser beneficiarias de la ayuda pero no han encontrado vivienda para implantarla», dice el IMV.

Entre las conclusiones, destacan que se han ejecutado 7.991.554,72 euros de los 8,58 millones con los que se había dotado al plan, por lo que sobra un saldo de 692.550 euros, que pueden ser usados para nuevos planes. Se constata asimismo la existencia de 870 familias en riesgo de exclusión social y que otras que están finalizando este plan «pueden continuar en situación de urgencia social y tendrán problemas para afrontar la renta de alquiler en el actual mercado inmobiliario». De cualquier forma, el diagnóstico general que se hace es favorable, dado que el fin era ayudar a las familias incluidas en el Comité FRES en 2015, 474. Así, los responsables del plan creen necesario hacer un segundo programa.