El caso de Julen, el pequeño de dos años fallecido tras caer en un pozo ilegal en Totalán, ha hecho que las instituciones públicas con competencias en la materia se pongan a trabajar para que no vuelva a ocurrir una tragedia de tal calibre. Así, la Policía Local de Málaga ultima un protocolo para que los agentes del Grupo de Protección a la Naturaleza (Grupona) comprueben, cuando visiten obras ilegales en sus tareas de inspección, expresamente si las fincas correspondientes tienen pozos y, por tanto, «sepan qué normativa aplicar y cuáles son las medidas cautelares a tomar», explicó a este periódico el teniente de alcalde de Seguridad y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de la capital, Mario Cortés.
Este protocolo se estaría haciendo con los consejos y recomendaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. De esta forma, esta nueva forma de proceder en la inspección de construcciones ilegales va a ser inmediata. «Sobre todo se trata de saber qué normativa se aplica en el procedimiento de elaboración del acta de denuncia, porque esas actas se mandan a la Junta de Andalucía, que es la administración competente en este asunto», aclaró Cortés, quien precisó que también se están determinando qué medidas cautelares se toman para evitar que cualquier persona pueda caer por un pozo no detectado y, por tanto, ilegal.
En Córdoba, por ejemplo, la Policía Local ha detectado y tomado medidas sobre tiene pozos de naturaleza ilegal. Una vez localizados, los agentes dieron aviso al Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento de Córdoba (SEIS) con motivo «del aseguramiento como medida cautelar». Luego se ha tratado de localizar a los titulares de los mismos, con el fin de indicarles la existencia de los mismos y recordarles la obligación de asegurarlos de forma definitiva. Todo ello, dice la Policía Local cordobesa en un informe, ha requerido «una ardua investigación debido a que muchos de los propietarios de las fincas o parcelas en las que han sido localizados los pozos no viven en Córdoba». Una vez identificados titulares, se ha dado conocimiento e las localizaciones a la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, a la Delegación de Medio Ambiente y la Dirección General de Infraestructuras del Ayuntamiento, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y al Departamento de Industria, Energía y Minas de la Junta andaluza para su conocimiento, gestión y trámite.
La Junta de Andalucía reconoció hace unos días la existencia de al menos un centenar de pozos ilegales como el de Totalán, aunque señaló que muchos de ellos son antiguos y otros tantos de los que estaban abiertos hace unos años se han cerrado a raíz de las denuncias que periódicamente llegan al Seprona. Pese a ello, los grupos ecologistas indican que sólo en la comarca de la Axarquía existen más de 200 agujeros ilegales de características bastantes parecidas al que propició la caída de Julen.
Colectivos agrarios como Asaja, Coag y UPA han expresado recientemente en este periódico que no se puede perseguir ahora a un sector que tradicionalmente cumple la normativa. «No hay pozos modernos realizados ilegalmente porque el pocero se expone a una sanción, de manera que pide las autorizaciones, y el propietario de la finca también puede recibir una multa y no sale gratis la perforación ilegal», apuntó el secretario provincial de COAG, Antonio Rodríguez, de forma que también defendió esa postura.
Dos tipos de pozos
Según fuentes de la Junta de Andalucía, en la provincia suelen darse dos tipos de pozos ilegales, de prospección, «aquellos que se hacen para ver si hay agua», y de extracción de esta, bien porque no esté autorizado dicho aprovechamiento o porque se esté usando un mayor caudal del concedido. La Policía Local de Málaga quiere así asegurarse de que nunca más vuelve a ocurrir algo como lo que le sucedió al pequeño Julen, una tragedia que derivó en una angustiosa búsqueda.
