Por un lado, se reivindicará que se cumpla lo pactado con la CEOE en materia salarial (se pactó un 3%, con un 2% de referencia más un 1% variable), y que se deroguen algunos de los puntos más controvertidos de la reforma laboral, entre ellos el fin de la ultractividad de los convenios colectivos (la reforma establece que si pasa un año de su finalización y no hay acuerdo se aplique el Estatuto de los Trabajadores), que los convenios sectoriales primen sobre los de empresa y que se controlen las externalización y la jornada a tiempo parcial. También se defenderá la subida del SMI a 900 euros aprobada por el Gobierno.