16 de febrero de 2019
16.02.2019
La Opinión de Málaga
Hostelería

Empresarios hosteleros andaluces piden a la Junta reunirse "de manera urgente"

El colectivo solicita poder abordar la situación con el nuevo Gobierno autonómico, para exponerle la realidad que vive el sector

16.02.2019 | 05:00
Terrazas del Centro de Málaga.

La Junta Directiva de Horeca Andalucía (Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía) ha abordado el «complicado escenario» que ven en el sector ante el desarrollo de la normativa que regula las terrazas, y tiene previsto solicitar «de manera urgente» reuniones con el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos.

Horeca Andalucía celebró la reunión de su Junta Directiva el pasado día 5, y en ella se constató «la parálisis por parte de los ayuntamientos respecto de la concesión-renovación de licencias de ocupación de vía pública en la práctica totalidad del territorio andaluz», según informó la federación de empresarios en un comunicado.

En relación con la Consejería de Interior, por parte de Horeca Andalucía se pretende «demandar y explicar la necesidad» de que, por parte de dicho departamento del Gobierno andaluz, «se debe articular el proceso normativo necesario que facilite la aplicación del decreto» de referencia «y la determinación de un texto que permita cumplir ordenadamente y de manera eficaz con los argumentos y espíritu contemplados en la exposición de motivos de la norma».

En materia turística, por parte de Horeca «se expondrá la necesidad de que la Consejería de Turismo sea consciente de la realidad que vive el sector y que puede afectar de manera determinante a los diferentes destinos turísticos andaluces si se impide el desarrollo de actividades vinculadas al ocio, solicitando por tanto su ayuda para promover las medidas necesarias que doten de seguridad jurídica al sector y por tanto el desarrollo de la oferta complementaria vital para el conjunto de la actividad turística».

Con respecto a la FAMP, «se planteará y pondrá de manifiesto que esto no es sólo un problema para el sector, sino que también lo es para todos los ayuntamientos andaluces, no sólo por el daño que se puede producir a un sector que supone casi el 15% del PIB autonómico en materia de creación de riqueza y empleo, si no por la afección que pueden tener las arcas municipales respecto de los ingresos que por esta actividad generan vía impuestos y tasas municipales».

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